Entre junio y agosto de 2026, nuestra Comisión presentó tres contribuciones en respuesta a convocatorias lanzadas por mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y por organizaciones asociadas, con el fin de contribuir a sus informes temáticos y a sus trabajos en curso.
Las contribuciones abordaron el papel de los gobiernos locales y regionales (GLR) en:
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La pobreza en las ciudades, para la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos;
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El avance de la inclusión de las personas LGBTIQ+ a nivel local, para el Local Pride, Global Impact Dossier, una iniciativa de nuestro socio Paradiplomacia.org;
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La realización de los derechos económicos, sociales y culturales, con especial atención a la movilización de recursos públicos para financiar el desarrollo sostenible, en respuesta a la Resolución 58/9 del Consejo de Derechos Humanos, para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Las tres contribuciones se sustentan en una misma visión: los GLR no son meros ejecutores de decisiones adoptadas en otros niveles de gobierno, sino titulares de obligaciones responsables de garantizar las condiciones materiales para la dignidad, la igualdad, los cuidados y la participación en la vida cotidiana. Esta visión se impulsa a través de la agenda de Ciudades de Derechos Humanos de la Comisión y de sus instrumentos complementarios: la Nueva Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, adoptada el 25 de junio de 2026 durante el Congreso Mundial de CGLU en Tánger; la campaña mundial «10, 100, 1.000 Ciudades y Territorios de Derechos Humanos para 2030»; y el Marco de Orientación para la creación de una Ciudad de Derechos Humanos, elaborado conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Cada una de las contribuciones insta al mecanismo o iniciativa correspondiente a reconocer a los gobiernos locales y regionales como actores esenciales para la realización de los derechos a escala local, al tiempo que pone de relieve las limitaciones estructurales a las que se enfrentan con frecuencia: competencias limitadas, financiación insuficiente, escasa autonomía fiscal y una participación restringida en los procesos internacionales de toma de decisiones.
La pobreza en las ciudades — Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
En su contribución al primer informe temático de la Relatora Especial sobre la pobreza en las ciudades, que será presentado en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nuestra Comisión afirma que la pobreza es intrínsecamente multidimensional y no puede reducirse únicamente a los ingresos. Las ciudades suelen ser los lugares donde las desigualdades son más visibles, pero también donde una acción transformadora basada en los derechos puede aplicarse con mayor eficacia, siempre que los gobiernos locales y regionales sean reconocidos como titulares de obligaciones en materia de derechos humanos y no como simples proveedores de asistencia social.
La contribución presenta la agenda de las Ciudades de Derechos Humanos como un marco práctico para abordar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión, ilustrado mediante experiencias de nuestra red: la estrategia territorial de lucha contra la pobreza y el Observatorio de la Pobreza de Grigny (Francia), el Expanded Social Package de Johannesburgo (Sudáfrica), la ciudad de los quince minutos en París (Francia), la iniciativa Utopías en Iztapalapa (Ciudad de México), las comunidades energéticas de Getafe (España) y el registro municipal proactivo de Barcelona (España).
La contribución concluye con un llamamiento a reforzar la gobernanza multinivel mediante una mayor descentralización fiscal, mandatos locales más sólidos, datos locales desagregados y el reconocimiento de las personas que viven en situación de pobreza como titulares de derechos y como socias en el diseño e implementación de las políticas públicas.
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Avanzar en la inclusión de las personas LGBTIQ+ a nivel local — Paradiplomacia.org
La contribución de nuestra Comisión replantea la inclusión de las personas LGBTIQ+ como una responsabilidad práctica de los gobiernos locales, estrechamente vinculada a la vivienda, los servicios públicos, el espacio público, la educación, el empleo, la seguridad, la cultura y la participación, y no como una mera cuestión de reconocimiento simbólico. Sostiene que las ciudades son más seguras, más justas y más democráticas cuando reconocen a las personas LGBTIQ+ como titulares plenos de derechos, y que proteger esos derechos constituye un requisito esencial para garantizar la igualdad, la salud pública y la igualdad ante la ley, más que una cuestión de «progresismo» político.
Basándose en la participación de la Comisión en diálogos de expertos con ONU-Hábitat, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ILGA World y la Rainbow Cities Network, la contribución destaca el valor del aprendizaje entre pares y de la cooperación descentralizada entre ciudades, especialmente allí donde los marcos nacionales siguen siendo insuficientes o están sujetos a retrocesos. Asimismo, subraya la importancia de integrar la inclusión en las propias instituciones —mediante reglamentos, partidas presupuestarias, estándares de prestación de servicios, formación del personal y mecanismos de rendición de cuentas— y de reconocer a las personas LGBTIQ+ como socias en la formulación de políticas públicas, dado que la exclusión suele entrecruzarse con la pobreza, la situación migratoria, la discapacidad, la edad y la discriminación racial.
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La realización de los derechos económicos, sociales y culturales mediante la movilización de recursos públicos para financiar el desarrollo sostenible — Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
En respuesta a la convocatoria sobre la movilización de recursos públicos para financiar el desarrollo sostenible, realizada en el marco de la Resolución 58/9 del Consejo de Derechos Humanos, nuestra Comisión contribuyó al informe del Secretario General que será presentado en el 64.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. La contribución sostiene que los debates sobre la movilización de recursos públicos siguen centrándose predominantemente en las políticas fiscales nacionales, dejando de lado a los gobiernos locales y regionales que, según ONU-Hábitat, representan alrededor del 40 % de la inversión pública mundial, mientras reciben menos del 10 % de los ingresos públicos totales.
Tomando como referencia la Nueva Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, la contribución muestra cómo las finanzas públicas pueden impulsar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito territorial. Para ello, presenta experiencias de nuestra red, como la reforma del impuesto sobre la propiedad en Freetown (Sierra Leona), los mecanismos de captura de plusvalías urbanas en São Paulo (Brasil), la presupuestación con perspectiva de género en Viena (Austria), el presupuesto participativo de Porto Alegre (Brasil), la plataforma Decidim de Barcelona (España) y la People's Plan Campaign de Kerala (India).
Basándose en el Derecho a la financiación y a la autonomía consagrado en la Carta-Agenda, la contribución insta a alinear las competencias de los gobiernos locales con los recursos de los que disponen, garantizar mecanismos justos de movilización de ingresos locales, proteger el gasto social local frente a las políticas de austeridad, facilitar el acceso directo de los gobiernos locales y regionales a la financiación internacional y convertir la participación y la rendición de cuentas en principios habituales de la gobernanza presupuestaria.
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En conjunto, estas tres contribuciones transmiten un mensaje común: ya se trate de combatir la pobreza, hacer frente a la exclusión o financiar la realización de los derechos, la respuesta pasa por fortalecer el nivel de gobierno más cercano a la vida cotidiana de las personas. Al fundamentar cada una de estas contribuciones en la Nueva Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, nuestra Comisión reafirma que los derechos humanos son universales en sus principios, pero locales en su realización, y que los gobiernos locales y regionales deben ser reconocidos, contar con los recursos necesarios y ser considerados verdaderos titulares de obligaciones para que esa promesa pueda hacerse realidad. A través de estas contribuciones, la Comisión continúa haciendo oír la voz del movimiento municipal en el ámbito internacional y contribuye, ciudad a ciudad, a la construcción de sociedades basadas en los derechos, tal y como propone la Carta-Agenda.