Disfrutar del acceso a una vivienda adecuada es clave para disponer de un derecho a la ciudad pleno. Sin embargo, ciudades en todo el mundo aún hoy hacen frente a retos que impiden que el derecho a la vivienda se convierta en una realidad para todos los habitantes. Como resultado, los gobiernos locales han ido asumiendo un papel cada vez más importante a lo largo de más de medio siglo de debates globales sobre la implementación del derecho a la vivienda. En la actualidad, este se ha convertido en un tema aún más urgente, debido al agravamiento de los efectos de la financiarización y de la crisis de la vivienda sobre las desigualdades urbanas.
Esta sección te permitirá conocer el papel de los gobiernos locales en la implementación del derecho a la vivienda. Ofrece un contexto histórico de las discusiones sobre el derecho a la vivienda, un marco para el desarrollo de políticas desde la perspectiva de los gobiernos locales así como un glosario de términos y conceptos clave.
El derecho a la vivienda en las agendas locales
La vivienda es un aspecto clave de la vida local. Más que cuatro paredes y un techo, la vivienda representa un lugar al que llamar hogar, un entorno seguro para disfrutar de un nivel de vida adecuado y una plataforma para acceder a los servicios básicos y a todas las oportunidades que ofrecen las ciudades, desde el empleo y los servicios económicos hasta la vida cultural y el ocio. Es por lo tanto un derecho humano fundamental.
La vivienda es esencial para profundizar los niveles de igualdad socioeconómica entre los residentes y garantizar la inclusión social de los grupos con mayor riesgo de vulnerabilidad. Sin embargo, con demasiada frecuencia la vivienda no es tratada de acuerdo con estas premisas; bien porque el ritmo de urbanización es demasiado rápido como para plantear soluciones habitacionales adecuadas para todo el mundo, bien porque la vivienda es percibida en muchas ocasiones como una mercancía sólo.
Los gobiernos locales desempeñan un papel central en la política de vivienda, aunque no siempre cuentan con recursos o un entorno propicio para desarrollar estrategias integrales. Las competencias de los gobiernos locales suelen incluir la planificación urbana y el acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento y el transporte público. También suelen ser los encargados de dar respuestas para garantizar la atención social a los más vulnerables, incluidas las personas sin hogar o víctimas de desahucios.
Cuando disponen de suficientes recursos o de un entorno institucional propicio, los gobiernos locales también pueden desarrollar políticas públicas sólidas en materia de vivienda social. En otros contextos, los gobiernos locales también han apoyado y contribuido a ampliar las prácticas de acceso a vivienda dirigidas por la comunidad. Esto incluye, por ejemplo, la rehabilitación y mejoramiento de asentamientos informales o precarios o la promoción de parques de vivienda cooperativa.
El involucramiento de los gobiernos locales con las políticas de vivienda se remonta a hace más de un siglo, cuando algunas autoridades locales empezaron a desarrollar sus propias iniciativas en materia de vivienda para hacer frente a la falta de viviendas adecuadas en las ciudades industriales experimentando un rápido crecimiento demográfico.
Éstas pretendían resolver muchos de los retos a los que todavía se enfrentan las ciudades hoy - hacinamiento, falta de planificación, desigualdad socioeconómica - con el fin de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, los pobres y los migrantes recién llegados a la ciudad en busca de oportunidades y progreso.
Algunos de los ejemplos más avanzados de las políticas de los gobiernos locales de la época se encuentran en Viena y Londres, que siguen contando hoy con un importante sistema de vivienda pública local. A partir de la década de 1940, ya se desarrollaban iniciativas relevantes de vivienda pública en otros lugares del mundo, desde México a Japón y desde Estados Unidos a Australia.
Ejemplo del parque de vivienda pública de Viena @ Bwag / Commons
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) representó un hito en estos debates, al ser el primer documento internacional que reconoció la vivienda como derecho (o condición esencial para disfrutar del derecho humano a un nivel de vida adecuado).
El derecho a la vivienda de 1948 ha sido ratificado por la mayoría de los Estados del mundo, mientras que otros tratados similares, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), han ampliado su comprensión e implicaciones y han desencadenado nuevos desarrollos políticos en torno al concepto.
« Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. »
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
Aunque estamos muy lejos de que se aplique plenamente en todo el mundo, el derecho a la vivienda sigue siendo un concepto significativo y específico, muy relevante para los debates políticos. Como concepto, sirve como: principio rector para las políticas públicas; responsabilidad específica de los gobiernos; norma internacional de derechos humanos en desarrollo ; y demanda concreta y legítima de los residentes y las comunidades urbanas.
En los últimos cincuenta años, tres conferencias internacionales - Hábitat I (Vancouver 1976), Hábitat II (Estambul 1996) y Hábitat III (Quito 2016) - han reunido a los países del mundo (incluyendo a los gobiernos locales y a la sociedad civil) para elaborar planes de acción que promuevan la urbanización sostenible y el derecho a la vivienda.
El trabajo de las agencias de la ONU, principalmente ONU-Hábitat, también ha desempeñado un papel importante al contribuir a desarrollar la agenda del derecho a la vivienda entre los gobiernos y los planes de desarrollo. Dentro del sistema de derechos humanos de la ONU, las y los distintos titulares de la Relatoría Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada (establecida en el año 2000) han contribuido a abordar cuestiones urgentes relacionadas con la vivienda - como la informalidad, los desalojos forzosos o la falta de vivienda - desde una perspectiva explícita de derechos humanos.
« Imaginamos ciudades y asentamientos humanos que cumplen su función social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra, con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminación, el acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento, así como la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad »
Nueva Agenda Urbana (2016)
La creciente financiarización de la vivienda ha sido un elemento clave en los debates mundiales sobre la vivienda desde la Gran Recesión de 2008. A medida que la provisión de vivienda se desregula cada vez más, y los bienes inmuebles se convierten en un bien de mercado valioso y activo especulativo de primer orden, el acceso a una vivienda adecuada se ha vuelto aún más complejo. Surgen nuevos retos relacionados con la vivienda, mientras que los antiguos, como la mejora de los asentamientos informales, han quedado sin resolver. Muchos actores hablan de una crisis mundial de la vivienda.
Este proceso ha llevado a nuevos actores a reclamar el derecho a la vivienda, desde la sociedad civil y las organizaciones de base hasta los gobiernos locales. La Relatora Especial de la ONU sobre la Vivienda Adecuada, Leilani Farha, lanzó en 2016 una campaña histórica - The Shift - que logró reunir actores gubernamentales y sociales con el fin de alertar sobre los impactos de la financiarización de la vivienda sobre la garantía de los derechos humanos. Sirvió igualmente para transformar el sentido de la conversación mundial sobre la vivienda, reclamando la vivienda como derecho humano y no un bien del mercado.
« La vivienda y la propiedad inmobiliaria comercial se han convertido en el “producto de elección” de las finanzas corporativas, y las empresas y los fondos financieros se están apropiando de la vivienda y los bienes inmuebles en muchas ciudades a un ritmo impresionante. El valor de los bienes inmuebles a nivel mundial es de unos 217 billones de dólares de los Estados Unidos, lo que representa casi el 60% del valor de todos los activos mundiales, y los bienes inmuebles residenciales suponen el 75% del total (...) La vivienda es un elemento central de una histórica transformación estructural de la inversión mundial y las economías del mundo industrializado que tiene profundas consecuencias para quienes necesitan una vivienda adecuada »
Informe A/HRC/34/51 de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada sobre la financiarización de la vivienda y el derecho a una vivienda adecuada (2017)
Lanzamiento de la iniciativa The Shift durante la Conferencia de Habitat III de Quito (2016)
El compromiso de los gobiernos locales con el derecho a la vivienda dentro de CGLU comenzó en 2016 con la adhesión a The Shift y la campaña sobre el derecho a la ciudad en Hábitat III, liderada por muchos gobiernos locales de la CISDPDH. Las repercusiones de la crisis de la vivienda reunieron a una coalición de actores, desde autoridades locales hasta organismos de la ONU y la sociedad civil, para impulsar un enfoque renovado en las políticas de vivienda que reivindicase su función social y el papel de lo público en términos de hacer realidad esta visión mediante nuevas políticas.
Entre 2017 y 2018, los gobiernos locales desarrollaron su compromiso compartido entorno a la Declaración “Ciudades por una Vivienda Adecuada”, que pretendía enmarcar el debate sobre vivienda desde una perspectiva de derechos humanos. La Declaración fue lanzada por alcaldes y alcaldesas de todo el mundo bajo el impulso de la membresía de la CISDPDH. Reunió la adhesión de más de 40 gobiernos locales y metropolitanos en el marco de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. En perspectiva, la Declaración logró establecer un nivel de compromiso sin precedentes a escala mundial y estableció un plan de acción tanto para la incidencia como para la implementación.
« Nosotros, los gobiernos locales, creemos firmemente que todas las personas deberían tener un acceso efectivo a una «vivienda adecuada», entendida por las Naciones Unidas como aquella que cumple correctamente criterios de «asequibilidad», «seguridad de la tenencia», «habitabilidad», «disponibilidad de servicios, materiales, equipamientos e infraestructuras», «accesibilidad», «ubicación» y «adecuación cultural». Sin embargo, la especulación inmobiliaria, la vivienda de alto coste, una regulación inadecuada, la segregación socio-espacial, la inseguridad de la tenencia, la vivienda en condiciones precarias, el sinhogarismo, la dispersión urbana descontrolada o los crecimientos informales sin los equipamientos o las infraestructuras necesarias representan fenómenos al alza que ponen en peligro el carácter equitativo y sostenible de nuestras ciudades. Frente a esta situación, los gobiernos locales no podemos quedarnos al margen, sino que debemos asumir un papel central. »
Declaración Ciudades por la Vivienda Adecuada (2018)
Lanzamiento de la Declaración Ciudades por la Vivienda Adecuada (2018)
Una forma de enmarcar el acceso a la vivienda basada en el enfoque de derechos humanos desarrollado en el derecho internacional y nacional. Reconoce que la vivienda debe proporcionar algo más que cuatro paredes y un techo; de hecho, y para ser considerada como “adecuada”, la vivienda tiene que cumplir los siguientes criterios: seguridad jurídica de la tenencia, asequibilidad, habitabilidad, disponibilidad de materiales, servicios, instalaciones e infraestructuras, accesibilidad, ubicación adecuada y adecuación cultural.
Papel cada vez más importante de los mercados de capitales y empresas en el mercado inmobiliario, que ven la vivienda como vehículo de inversión más que como un bien social. La financiarización de la vivienda está llegando a todos los rincones del mundo y causando efectos masivos en los sistemas locales de vivienda, afectando la disponibilidad y el precio de la vivienda y del suelo en muchos países y ciudades - por lo tanto haciendo que la vivienda sea menos asequible para muchos.
Un plan de desarrollo y acceso a la vivienda dirigido por las comunidades. Este puede adoptar muchas formas y suele contar con la participación de actores de la sociedad civil y/o gobiernos locales. Requiere un claro compromiso y un papel de gestión y ejecución por parte de la misma comunidad. Este esquema ofrece una alternativa a las formas de proveer, acceder y/o rehabilitar la vivienda y permite disfrutar de vivienda más asequible y adecuada en las ciudades.
Un enfoque integrado para mejorar las condiciones de la vivienda y el entorno construido en los asentamientos informales o precarios, así como las condiciones de vida de sus residentes. Más allá de la mejora de la vivienda, podría implicar la adopción de medidas para asegurar la tenencia de la tierra, mejorar el acceso a las infraestructuras y los servicios o estimular el tejido social y económico. Los enfoques participativos en estos procesos se centran en reconocer las necesidades de sus residentes y aprovechar su capacidad para impulsar este proceso tanto en la fase de diseño como en la de ejecución y seguimiento.