Al identificar los retos de inclusión social que experimentan los territorios urbanos, el rol de la migración suele ocupar un lugar central. De hecho, aunque hoy en día la migración trascienda las fronteras nacionales más que en ningún otro momento en la historia, sus impactos concretos siguen siendo esencialmente locales. Garantizar el acceso a los servicios básicos y a otros derechos fundamentales, hacer frente al racismo y fomentar la participación en la sociedad de acogida son medios concretos con los que los gobiernos locales (en cooperación con la sociedad civil) construyen vías de inclusión.
Esta sección explora cómo los gobiernos locales están liderando el desarrollo de soluciones innovadoras y basadas en la proximidad para construir territorios urbanos de acogida. Para lograrlo, cooperan con otros gobiernos locales y la sociedad civil para intercambiar conocimientos e impulsar nuevas narrativas basadas en los derechos humanos: ¡Garantizando el derecho a la ciudad para todo el mundo!
¿Por qué impulsar agendas compartidas sobre migración?
La migración ha sido un rasgo definitorio de la urbanización y la vida de las ciudades a lo largo de toda la historia. Hoy en día, sigue configurando el rostro de la urbanización, sosteniendo la vida económica de las ciudades y las naciones al tiempo que fomenta el intercambio de ideas y culturas. La migración no es sólo una fuente de oportunidades, sino también un derecho fundamental.
Ser migrante afecta la forma en que las personas acceden a los derechos según el lugar donde viven. De hecho, más allá de los peligros de las rutas migratorias, los migrantes se enfrentan a todo tipo de tendencias discriminatorias y limitaciones en el acceso a los derechos universales una vez en el país de llegada. Esto incluye el racismo, la discriminación en el acceso a la vivienda, la falta de oportunidades y de empleo, la violencia de género o la pobreza, entre muchos otros. Garantizar los derechos de los migrantes es, por tanto, un elemento fundamental en los discursos y las prácticas de derechos humanos en la ciudad.
La solidaridad con los migrantes tiende a ser una de las principales causas de organización social en los territorios urbanos de todo el mundo. Estas asociaciones buscan sobre todo proporcionar apoyo práctico e información para acceder a los derechos básicos, pero también combatir el racismo estructural.
Los gobiernos locales han aprovechado las aportaciones positivas de estos actores e incluso han apoyado a las organizaciones sociales que protegen y garantizan los derechos de los migrantes. Siempre que ha sido posible, los mismos gobiernos locales también han promovido sus propias políticas para garantizar el pleno derecho de los migrantes a la ciudad, muchas veces yendo más allá de sus competencias estrictas e impulsando explorando formas de innovación en las políticas sociales locales.
En la actualidad, no son pocos los ejemplos de gobiernos locales que cuentan con servicios permanentes de atención a los migrantes, instituciones para facilitar la participación de los migrantes en la vida pública local o acuerdos institucionales para consagrar el enfoque intercultural o interseccional en todas las políticas municipales.
La migración ha sido un rasgo definitorio de la historia urbana desde el inicio de la misma ciudad y de la cultura urbana. En todas las épocas, en todos los territorios, el ritmo de la urbanización ha estado marcado por el ritmo de los flujos migratorios. Los territorios urbanos, sobre todo en la era industrial y contemporánea, se han mostrado más o menos receptivos a la llegada de migrantes. Las migraciones permitieron sostener el desarrollo industrial moderno y la revolución rural del siglo XIX y principios del XX.
Paralelamente a la primera ola de la globalización, una serie de flujos migratorios internacionales sin precedentes contribuyeron a configurar, en beneficio de todos, la naturaleza y la cultura de las ciudades modernas en todos los continentes, construidas sobre el intercambio de ideas, tradiciones e innovaciones.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, y paralelamente al proceso de descolonización, personas en todo el mundo siguieron desplazándose, ya fuera dentro de sus propios países o fuera de ellos. Sin embargo, en este periodo se produjo también un cambio de paradigma, ya que tanto los procesos de integración como las medidas de restricción crearon un mundo más desigual en cuanto a quién tenía derecho a emigrar (y cómo iba a funcionar la inclusión en la sociedad de acogida a partir de entonces).
A finales de los años ochenta y en la década de los noventa, un número relevante de gobiernos locales lideró la creación de servicios municipales de integración de los migrantes de nueva generación. Las autoridades locales se refirieron a los valores de los derechos humanos y al universalismo como motores de estas políticas, que también se caracterizaron por la adopción de nuevos enfoques que pretendían fomentar la plena inclusión y participación de los migrantes en la sociedad de acogida (superando nociones de “multiculturalismo” para favorecer una inclusión plena).
Esta tendencia estaba relacionada, por supuesto, con otros procesos contemporáneos, como el surgimiento del movimiento de las ciudades por los derechos humanos o la consolidación de la democracia local y la iniciativa política de los gobiernos locales en muchos países del mundo.
En la medida que, en las dos últimas décadas se ha producido un resurgimiento global de las políticas y los discursos discriminatorios hacia los migrantes, los gobiernos locales han asumido un papel aún más activo en la protección y promoción de la universalidad de los derechos humanos: desde las políticas locales hasta las tendencias globales.
Ante recientes crisis de la mobilidad humana y la adopción de políticas nacionales restrictivas con la migración, gobiernos locales en todo el mundo vuelven a tomar el liderazgo al promover iniciativas de solidaridad sin precedentes en torno a la bandera de “ciudades santuario” o “ciudades refugio”, defendiendo la universalidad de los derechos para proporcionar refugio y otros derechos fundamentales. En el mismo periodo también se han incrementado los esfuerzos del ámbito local para fomentar la inclusión social de los migrantes, incluyendo la aplicación de medidas vinculadas con la democracia participativa o nociones de ciudadanía local e interseccionalidad.
La migración también ha desempeñado un papel importante en la definición de las agendas mundiales, desde la Agenda 2030 hasta la Nueva Agenda Urbana. De hecho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 11 constituyen un buen marco para abordar esta cuestión desde la perspectiva de la igualdad urbana.
Además, la comunidad internacional adoptó en 2018 el primer Pacto Mundial sobre Migración, que propuso por primera vez un marco común para definir las políticas migratorias nacionales y que contó con la participación activa de numerosos gobiernos locales. El Pacto se fundamenta en enfoques basados en los derechos y reclama la participación activa y el reconocimiento de las contribuciones “todas las esferas de gobierno” en la gobernanza de la migración. En 2019 se creó un Mecanismo de Alcaldes y Alcaldesas para fomentar el diálogo entre los Estados y los gobiernos locales y regionales en el contexto de la implementación del Pacto.
Una noción inclusiva de la ciudadanía basada en el hecho de vivir y pertenecer a un territorio urbano. Pretende establecer vías concretas para garantizar la no discriminación en el acceso a todos los derechos vinculados a la noción de ciudadanía nacional. Pretende fomentar la plena participación y el reconocimiento de la contribución de todos los residentes a la vida y la identidad de una ciudad, independientemente de su estatus administrativo o su lugar de origen.
Como enfoque de política local, la interculturalidad pretende fomentar la convivencia entre todos los residentes urbanos sin discriminación por razón de origen, cultura o creencia religiosa. Para ello, se centra en el reconocimiento de la diversidad cultural, haciendo especial hincapié en la construcción de relaciones positivas y de una narrativa compartida de lo que significa “vivir juntos”, acogiendo las contribuciones de todos los residentes.
Como enfoque de política local, la interseccionalidad proporciona a los gobiernos locales herramientas y un marco de análisis para identificar y abordar los distintos niveles de opresión o desigualdad existentes, que a menudo se solapan en una misma persona debido a su condición diversa. Estas diferentes causas de discriminación pueden estar relacionadas con el género, el racismo y la xenofobia, la clase social o la discapacidad.
Tanto un derecho humano en sí mismo como un principio rector en la aplicación del enfoque basado en los derechos, la aplicación de la no discriminación en el gobierno local implica la adopción de medidas afirmativas para revisar la legislación municipal y la prestación de servicios a fin de garantizar que la administración municipal no trate a los residentes de forma discriminatoria. Los gobiernos locales también pueden abordar los fenómenos discriminatorios ocurridos a nivel social y de ciudad mediante acciones afirmativas.