Territorios y comunidades de alrededor del mundo comparten retos comunes en el abordaje del impacto generado por la pandemia de COVID-19. ¿Cómo satisfacer las necesidades inmediatas de la ciudadanía en estos tiempos de crisis y, en particular, de los más vulnerables? ¿Cómo hacer frente el aumento de las desigualdades sociales y territoriales provocado por la pandemia? ¿Cuáles son las prioridades y respuestas puestas en marcha por aquellos gobiernos locales que buscan garantizar el derecho a la ciudad y los derechos humanos a nivel local? Esta semana, Renca (Chile) y Valencia (España) comparten su experiencia en el ámbito y algunas acciones tomadas durante la crisis.
Territorios y comunidades de alrededor del mundo comparten retos comunes en el abordaje de los impactos generados por la pandemia de COVID-19. ¿Cómo satisfacer las necesidades inmediatas de la ciudadanía en tiempos de crisis y, en particular, de los más vulnerables? ¿Cómo hacer frente el aumento de las desigualdades sociales y territoriales provocado por la pandemia? ¿Cuáles son las prioridades y respuestas puestas en marcha por aquellos gobiernos locales que buscan garantizar el derecho a la ciudad y los derechos humanos a nivel local? Esta semana, Renca (Chile) y Valencia (España) comparten su experiencia en el ámbito, incluyendo algunas acciones tomadas en respuesta a las consecuencias de la crisis.
Renca es un municipio del área metropolitana de Santiago donde muchos de sus habitantes enfrentan grandes dificultades sociales y económicas; una situación que probablemente empeorará con la actual pandemia. Entre los escenarios impuestos por este nuevo contexto se incluyen falta de ingresos estables para muchos hogares, debido a la suspensión de la actividad económica en el espacio público; la dificultad para acceder a alimentos entre las familias más pobres; la precariedad habitacional, que dificulta además el alcance de las medidas de cuarentena; o incluso dificultades para acceder a la educación por muchos niños y niñas en ausencia de internet en de muchos hogares.
Sin embargo, el movimiento social nacional en marcha desde octubre de 2019 ha contribuido al surgimiento de numerosos colectivos de la sociedad civil con los que el municipio colabora activamente, en particular a través de juntas vecinales, que permite identificar necesidades y mejorar la coordinación entre las diversas iniciativas de apoyo comunitario. El municipio también dialoga activamente con dos grandes empresas del territorio para distribuir canastas con artículos esenciales y desarrollar mecanismos de solidaridad, en particular a través de un banco de alimentos. Renca también forma parte de la red de farmacias populares lanzada por el municipio vecino de Recoleta, que ayuda a combatir los precios inaccesibles de muchos medicamentos en el sector privado. El alcalde de Renca, Claudio Castro, fue uno de los 50 alcaldes que apelaron al gobierno chileno para poner en marcha la cuarentena en el país a modo de proteger a la población.
La ciudad de Valencia también ha tomado numerosas medidas desde el inicio de la cuarentena para tratar de responder a varias emergencias provocadas por la crisis sanitaria que están golpeando el país con fuerza. Valencia ha tomado medidas con respecto al derecho a la vivienda, reclamando una moratoria en el pago de alquileres e hipotecas para los más necesitados y abriendo una línea directa de contacto con el ayuntamiento para aquellos residentes amenazados por desahucios u otras dificultades asociadas a la vivienda. La ciudad también ha creado una plataforma en línea, Valencia Re-activa, para que sus habitantes puedan encontrar informaciones relevantes y servicios puestos en marcha por parte del municipio, en particular para dar respuesta a las necesidades de los grupos más vulnerables, como las víctimas de la violencia machista.
La ciudad también está trabajando con asociaciones locales para reforzar el acceso a la salud y garantizar una cobertura alimentaria básica para personas y vecindarios en mayor riesgo de vulnerabilidad. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha unido fuerzas con los alcaldes de seis grandes ciudades españolas para pedir al Gobierno que implemente políticas específicas de igualdad social y sostenibilidad en el contexto de la crisis.
Las ciudades de Renca y Valencia destacaron la importancia de tener en cuenta el vínculo entre COVID-19 y desigualdades a la hora de gestionar la pandemia, prestando especial atención a los adultos mayores, las víctimas de violencia machista, las personas sin hogar o el alza de hechos discriminatorios. Renca y Valencia también compartieron su deseo de trabajar en red con otros gobiernos locales de la CGLU-CISDPDH, enfatizando su deseo debatir también sobre escenarios posteriores al confinamiento y el establecimiento de una nueva agenda social. En términos generales, se trata de promover de manera colectiva el fortalecimiento y la amplificación de la agenda de derechos humanos a nivel local, y la experimentación de nuevas iniciativas como la renta básica universal o el derecho a vivienda para todos, para que la experiencia de la crisis pueda revertir en la construcción de ciudades más justas, humanas y democráticas.