Aquellos gobiernos locales que habian venido desarollando políticas municipales de protección de los derechos humanos en los últimos años cuentan, hoy por hoy, con conocimientos, experiencia y capacidades adicionales que podrían resultar especialmente útiles para hacer frente al impacto social de la crisis de COVID-19. El enfoque basado en los derechos ha inspirado la puesta en marcha de nuevas medidas durante la crisis, desde acciones por la no discriminación hasta la protección de grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad. Para saber más sobre estas cuestiones desde la perspectiva de una ciudad de derechos humanos, la Comisionada de Derechos Humanos de Viena, Shams Asadi, comparte algunas reflexiones y principios rectores para una acción local basada en los derechos en el contexto de COVID-19. Se basan en varios ejemplos de políticas aplicadas en su propia ciudad durante la fase de cuarentena y más allá.
Políticas inspiradas en los derechos humanos en el contexto del COVID-19
Las políticas locales abordando la crisis social del COVID-19 pueden encontrar en los principios de derechos humanos poderosos vehículos para mejorar su eficacia y fomentar la corresponsabilidad de los residentes y actores locales, según la Comisionada de Derechos Humanos de Viena, Shams Asadi. En este sentido, los gobiernos locales deben tener en cuenta al menos cuatro principios en la formulación de sus políticas públicas durante la crisis y después de ella: ser transparentes, establecer mecanismos de rendimiento de cuentas, no discriminar y fomentar la participación de todos los residentes.
La Comisionada Asadi señaló como ejemplo el proceso de toma de decisiones y de comunicación oficial. Así, este debería centrarse en hacer accesible la evidencia científica que respalda la formulación de políticas pública al conjunto de la ciudadanía, y no en crear miedo. La evaluación de impacto en derechos humanos también debería ser tomada en cuenta en la definición de prioridades.
Por último, pero no por ello menos importante, Asadi también menciona como muchas medidas aplicadas como consecuencia de la cuarentena podrían ser de hecho discriminatorias, como se ha visto en el caso de la educación en casa (si consideramos la falta de computadoras disponibles en muchos hogares, sobretodo en familias con menos medios económicos).
El caso de Viena: Transformando la administración municipal
La Comisionada Asadi señaló cómo la pandemia COVID-19 golpeó a la mayoría de las ciudades de una manera inesperadamente rápida. Como la principal prioridad de Viena era evitar una crisis sanitaria, el gobierno local cooperó con las autoridades nacionales implementando localmente todas las medidas necesarias. Sin embargo, el gobierno municipal también aplicó muchas medidas propias, apoyando los residentes en la cuarentena, fomentando su corresponsabilidad y su contribución proactiva a la gestión de la crisis.
Algunas de las intervenciones más importantes han estado relacionadas con el derecho a la información. La Comisionada Asadi señaló cómo las comunicaciones oficiales procuraron no crear temor, sino fomentar la corresponsabilidad, y trataron de adaptarse a las necesidades de una ciudad global como Viena. La capital de Austria ha establecido una plataforma en línea para proporcionar todo tipo de información útil a los residentes. Por mandato directo del Ayuntamiento, esta plataforma ha sido traducida a 24 idiomas, ya que la prioridad era “llevar a todas las partes de la sociedad al mismo nivel de información”.
La atención pública del municipio - que también se gestiona a través de app - también se ha adaptado a la diversidad lingüística de la ciudad, lo que permite a los residentes sentirse más de cerca a su propio gobierno en este período.
La creciente importancia de las tecnologías digitales ha sido plenamente integrada por parte Viena durante la crisis; no sólo mediante la creación de nuevas aplicaciones específicas, pero también fomentando la digitalización de todos los servicios municipales. Ello permitió garantizar la continuidad de la prestación de servicios públicos municipales, incluida la aplicación de medidas relacionadas con la fase de cuarentena. Según la Comisionada Asadi, “estas políticas son también una forma de inclusión social, ya que ayudan a los gobiernos a ser plenamente accesibles a sus residentes y a sus necesidades”.
La plataforma en línea de Viena sobre el COVID-19 también alberga una sección dedicada a canalizar el voluntariado y la solidaridad cívica, de modo que los residentes puedan encontrar fácilmente formas de hacer una contribución.
El caso de Viena: Atención a grupos en riesgo de vulnerabilidad
La experiencia de Viena en materia de derechos humanos ha permitido al gobierno de la ciudad dar respuestas lo más eficaces posibles a las necesidades de determinados grupos prioritarios, como la infancia, la tercera edad, las personas sin hogar o las mujeres. Desde el comienzo de la cuarentena, el Ayuntamiento marcó como prioridad la protección de los derechos de la infancia. Se compraron 5.000 computadoras portátiles para distribuirlas entre las niñas y niños cuyas familias no tenían los medios para mantener la educación en el hogar.
Las escuelas y los jardines de infancia también permanecieron abiertos para prestar apoyo a aquellos niños y niñas que no contaban con un entorno adecuado en el hogar. Los servicios municipales trataron de mantener comunicaciones mediante llamadas telefónicas con las familias de todos los estudiantes de la ciudad.
« Debemos estar alerta ante el resurgimiento de grupos extremistas y xenófobos, que podrían capitalizar el colapso económico causado por la epidemia para sus propias agendas. Esta tendencia podría significar más discursos de odio, resurgiendo en el contexto de sociedades más desiguales y polarizadas. Más que nunca, los valores de derechos humanos pueden ayudar a tender puentes entre instituciones y ciudadanía »
Shams Asadi, Comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad de Viena
El derecho a la vivienda también ha sido protegido durante este período: Viena ha decidido detener todos los desalojos y ampliar los programas de refugio de invierno hasta agosto, para que todas las personas sin hogar cuenten con un techo y servicios básicos de protección. Las unidades de dormitorio también han sido adaptadas para evitar contagios, estableciendo una distancia de seguridad adecuada entre dormitorios.
En estrecha relación con estas cuestiones, la ciudad también mantiene una línea de atención 24 horas al día, 7 días a la semana, para las personas con problemas de salud mental. También se han reforzado los servicios dedicados a la protección de las víctimas de la violencia de género y el número de unidades disponibles en los refugios de protección, ya que, como señala la Comisionada, los datos policiales mostraron un preocupante aumento de los episodios de violencia doméstica durante todo el período de cuarentena.
Reflexiones para la era posterior a la pandemia
La Comisionada Asadi recordó cómo los gobiernos locales deben mantenerse en estado de alerta ante el resurgimiento de grupos extremistas y xenófobos, que podrían capitalizar el colapso económico causado por el brote para sus propios fines y agendas. En el caso de Europa, esta tendencia podría adoptar la forma de más discursos de odio, resurgiendo en el contexto de sociedades más desiguales y polarizadas. Los gobiernos locales, junto con otras esferas de gobierno y grupos de la sociedad civil, deberían colaborar para combatir esta amenaza directa a las democracias europeas y su proceso de integración.
Más que nunca, los valores de derechos humanos pueden ayudar a tender puentes entre instituciones y ciudadanía para construir sociedades inclusivas: “Los derechos humanos son los valores a los que debemos atenernos y aprender a trabajar con ellos”.
Pueden ayudar a encontrar soluciones a los efectos socioeconómicos de la crisis y proteger a los grupos que se verán especialmente afectados, como la generación de jóvenes. Dado que esta crisis también ha puesto de relieve el valor fundamental de los servicios públicos, la Comisionada Asadi cree que ahora debemos evitar errores cometidos en el pasado y no implementar medidas que se traduzcan en mayor austeridad y que pongan en tela de juicio los mecanismos de protección de los derechos, como la atención sanitaria universal.