El pasado 1 de abril, CGLU y la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos (CISDPDH) co-organizaron junto a ONU Hábitat y Metrópolis una nueva sesión de su Experiencia de Aprendizaje en Línea sobre COVID-19 y gobiernos locales, esta vez centrada en el vínculo entre la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia y la crisis de la vivienda. La sesión reunió a más de doscientos participantes, entre los cuales muchos alcaldes, concejales y técnicos municipales, así como representantes de organismos multilaterales y de la sociedad civil.
Vivienda: Punta de lanza para combatir la epidemia de COVID-19
Tal y como señaló recientemente la Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda, “la vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el coronavirus. Disponer de un hogar raramente ha marcado con tanta crudeza la diferencia entre la vida o la muerte”. En efecto, los desafíos relacionados con la vivienda juegan un papel clave a la hora de identificar y luchar contra la fase de expansión de la pandemia, pero también para tratar las necesidades de los que más sufren a raíz de este nuevo contexto. Más que nunca, el acceso a una vivienda adecuada es fundamental para proteger todos los derechos humanos, incluido el derecho a la vida.
La Experiencia de Aprendizaje en Vivo sobre vivienda dio voz a miembros de la Comisión y de CGLU para abordar colectivamente muchos de estos desafíos y arrojar luz sobre prácticas desarrolladas por muchas autoridades locales a este respecto. Se compartieron prioridades clave como soluciones de emergencia para personas durmiendo en la calle (como personas sin hogar o migrantes), con la vista puesta en avanzar hacia soluciones sostenibles después de la epidemia. También se discutieron formas para llamar la atención y abordar la situación de aquellos residentes que no pueden pagar sus alquileres o hipotecas debido a la pérdida del empleo o la pobreza.
Poner fin a los desahucios o desalojos, sea cual sea el motivo, fue destacado como una condición esencial para abordar la epidemia, así como un mensaje clave compartido por todos los participantes.
« La crisis del COVID-19 está teniendo un fuerte impacto sobre desigualdades socio-económicas que ya existían antes de la epidemia, pero también sobre las desigualdades territoriales. Debemos empezar a pensar en qué soluciones proponemos después de la pandemia como gobiernos locales, y en cómo dar apoyo a los más vulnerables »
Philippe Rio, Alcalde de Grigny (Francia)
Varias autoridades locales presentaron formas de cooperación con el sector privado que permiten movilizar alojamientos de emergencia para apoyar la cuarentena. Los gobiernos locales también han desarrollado materiales comunicativos para crear concienciar a la población y adaptar la prestación de servicios públicos. Las autoridades locales apoyan aquellos grupos específicos más vulnerables durante la cuarentena, incluidas víctimas de violencia doméstica, personas con discapacidad, personas con problemas de salud mental y adultos mayores. Los participantes también hicieron hincapié en cómo la epidemia plantea desafíos aún más graves cuando se trata del abordaje de esta situación en asentamientos informales y vecindarios más pobres.
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Participación de representantes de las ciudades de derechos humanos, sociedad civil y actores internacionales
Muchos miembros y gobiernos locales activos en la CISDPDH desempeñaron un papel activo durante la sesión, presentando prácticas y llamando a reforzar el trabajo en red sobre este tema. La Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y la Coalición Internacional por el Hábitat - todos socios clave en los esfuerzos previos de CGLU y la CISDPDH sobre vivienda -, también contribuyeron a la sesión y participaron en la discusión.
Representantes de Barcelona, Montevideo y Viena compartieron iniciativas que han permitido movilizar la función social de la vivienda y proteger a los más vulnerables. Iztapalapa, en la Ciudad de México, Grigny, en el área metropolitana de París, y Bukavu, en la República Democrática del Congo, plantearon cuestiones críticas relacionadas con los derechos digitales, las desigualdades territoriales o las formas para proporcionar apoyo económico a los más vulnerables, mientras que Valencia compartió sus iniciativas políticas sobre vivienda y el portal web municipal dedicado, que permite canalizar todos los servicios municipales esenciales durante la cuarentena.
« La crisis del COVID-19 pone en evidencia riesgos asociados a la vivienda pre-existentes a la pandemia y que ahora se ven agravados por la cuarentena. Esto incluye víctimas de violencia doméstica, desigualdades socioeconómicas y precariedad en el hábitat»
Adriana Allen, Presidenta de HIC
A pesar de la diversidad de contextos y escenarios, todas las autoridades locales destacaron el papel central que juegan las políticas de vivienda en el estado actual de la crisis, así como también en la fase que seguirá después. También destacaron la necesidad de reafirmar este derecho humano fundamental como una prioridad política clave. Por un lado, porque las condiciones asociadas al hábitat son un factor clave en la propagación de la pandemia y, por otro lado, porque la pandemia puede tener consecuencias dramáticas para estas condiciones durante y después de la crisis. Varios participantes también destacaron que la crisis actual representa un punto de no retorno que obligará a repensar la forma en que se construyen las ciudades y se desarrolla la cooperación interurbana en los próximos años.