El encuentro “Ciudades y Territorios post COVID-19: resurgir desde los derechos humanos” tuvo lugar la semana del 14 al 19 de junio, con el objetivo de promover el marco de las ciudades de derechos humanos entre los gobiernos locales de Ecuador. El evento contó con la participación de cientos de gobiernos autónomos descentralizados del país andino, muchos de los cuales ya están desarrollando políticas innovadoras en el ámbito de los derechos humanos y el derecho a la ciudad. Este fue co-organizado por nuestra Comisión junto a varias instituciones nacionales e internacionales, entre las cuales la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, la agencia de cooperación alemana GIZ y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.
Un proceso pionero que busca posicionar los derechos humanos como marco de transformación política a nivel local
El evento del pasado junio ofreció un punto de encuentro para la puesta en común y el refuerzo de las capacidades de los gobiernos locales ecuatorianos en materia de políticas locales de derechos humanos. Este partió de un proceso iniciado en 2018, que ha permitido visibilizar aquellos retos de derechos humanos a los que las municipalidades ecuatorianas se enfrentan (mejoramiento integral de los barrios, acceso a servicios básicos domiciliarios, no-discriminación), así como abrir un trabajo colaborativo de intercambio de conocimientos y fomento de la innovación en las políticas públicas territoriales. Cabe mencionar también la vinculación entre este proceso y el interés creciente de las ciudades y territorios ecuatorianos por conceptos como ciudad de derechos humanos o derecho a la ciudad - este último siendo reconocido en la Constitución de 2008 y discutido ampliamente en la conferencia final de Hábitat III celebrada en Quito en 2016.
Varias contribuciones permitieron visibilizar los últimos avances promovidos por las municipalidades ecuatorianas en este sentido. La concejala de Quito Gissela Chalá compartió el funcionamiento del sistema de protección local de los derechos humanos de la capital ecuatoriana, que presta un importante énfasis en la protección de colectivos prioritarios y la promoción de acciones de no-discriminación. Quito cuenta también con un Consejo de Protección de Derechos que agrupa actores gubernamentales a distintos niveles y entidades de la sociedad civil en vistas de reforzar la coordinación entre actores y promover acciones conjuntas.
En el momento de clausura, el alcalde de Loja, Jorge Bailón, compartió igualmente el compromiso de su ciudad con los derechos humanos, orientada al refuerzo de los mecanismos de participación ciudadana, así como a la garantía en el acceso a servicios básicos como el derecho al agua o a una vivienda digna. El alcalde Bailón compartió tambiénla intención de que Loja inicie un proceso formal para devenir ciudad de derechos humanos.
« En los últimos veinte años, cada vez más ciudades en distintas partes del mundo han planteado el marco de los derechos como una oportunidad para dar nuevas respuestas a las necesidades ciudadanas. Ahora en Ecuador tenemos la oportunidad de delinear nuestros propios mecanismos para garantizar los derechos humanos, transformando con ello nuestras agendas urbanas y territoriales; priorizando agendas por la igualdad, la democracia y la transparencia y generando instituciones más cercanas a la ciudadanía »
Fredy Carrión, Defensor del Pueblo del Ecuador
Sensible a las distintas realidades de las municipalidades ecuatorianas, el evento planteó sesiones centradas en ámbitos específicos - desde el derecho a servicios públicos domiciliarios hasta la no-discriminación y la construcción de paz. Así propuso metodologías concretas y adaptables por las cuales cualquier gobierno local, sin importar su tamaño o capacidades, pueda incorporar el enfoque basado en los derechos en su acción diaria, así como aprovechar el concepto de ciudad de derechos humanos para promover transformaciones estructurales en favor de ciudades más igualitarias, inclusivas y sustentables.
Cruzando experiencias internacionales
Distintos gobiernos locales y partners de la red de la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU fueron invitados a participar en varias sesiones del encuentro, en vistas de aportar perspectivas y experiencias internacionales al proceso iniciado en Ecuador. Barcelona, Ciudad de México y Bogotá compartieron por ejemplo sus políticas locales en derechos humanos en tres ámbitos distintos: la primera, centrada en la transversalización del enfoque basado en los derechos humanos en la acción pública municipal y la promoción de mecanismos locales por la no-discriminación; la segunda hizo énfasis en las acciones orientadas al fomento de la paz y la prevención de las violencias urbanas mediante el desarrollo de una fuerte agenda social; y la tercera orientada a la reactivación económica, siendo sensible a las realidades de los colectivos prioritarios. La Coalición LAC también mostró cómo una experiencia de cooperación entre ciudades latinoamericanas permitió desarrollar planes de acción local contra la discriminación.
Varias participantes hicieron énfasis en la contribución de la acción comunitaria en la construcción de ciudades de derechos humanos y la realización del derecho a la ciudad. A nivel municipal, Barcelona apoya su modelo de ciudad de derechos humanos en la colaboración con entidades locales de derechos humanos; a nivel de actores sociales, la participación de un representante del movimiento procomún de Nápoles puso en valor el concepto de los comunes urbanos, evidenciando el potencial de la acción de base para promover procesos de mejoramiento barrial y de vivienda o la creación de servicios de cuidados con una función social. De hecho, la participación ciudadana fue vinculada a muchos otros aspectos del desarrollo territorial: en el plano económico, la participación del GSEF (Foro Global de la Economía Social) permitió entrever el potencial de la economía social y solidaria para promover ciudades más justa e inclusivas mediante nuevos marcos desde donde repensar la actividad económica; mientras que representantes de Cities Alliance y COiNVITE pusieron de relieve el potencial de los enfoques participativos a los procesos de mejoramiento integral de barrios y el acceso a una vivienda digna.
Un marco de transformación para la era post COVID-19
Si bien el encuentro de junio estuvo centrado en la promoción de los derechos humanos y el derecho a la ciudad en las agendas territoriales de las municipalidades ecuatorianas, este también sirvió para poner en común las primeras respuestas que están surgiendo en su gestión de la crisis de la COVID-19, así como las prioridades del nivel local para el futuro. Así, el encuentro ofreció una plataforma para repensar el período posterior a la pandemia desde los enfoques basados en los derechos y el derecho a la ciudad.
Ámbitos como la movilidad sostenible o la reactivación económica fueron discutidos ampliamente en este sentido, evidenciando la creciente toma de conciencia y voluntad de innovación de parte de los gobiernos locales ecuatorianos. Municipalidades como Cuenca o Esmeraldas compartieron varias iniciativas puestas en marcha, como el refuerzo de los sistemas de ciclovías urbanas o la promoción de nuevas formas de comercialización de la producción agrícola local. La lucha contra las violencias hechas contra las mujeres también fue identificada como una prioridad tanto en el contexto actual como en el futuro post pandemia.