El juicio contra la alcaldesa detenida de nuestra ciudad miembro de Diyarbakır, Gültan Kışanak, tendrá lugar el próximo 20 de junio en un contexto de estado de emergencia en Turquía.
De acuerdo al Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa y a la Oficina del Alto Comisario por los Derechos Humanos, su detención es contraria a los estándares de derechos humanos contemplados en los tratados internacionales ratificados por Turquía, como la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos y Libertades o la Carta Europea de autogobierno local.
En relación a estas organizaciones, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU da un seguimiento de la situación de los co-alcaldes de Diyarbakır y a los servidores públicos detenidos, invitando a gobiernos locales y colaboradores a unirse en una movilización conjunta por la salvaguarda de la democracia local en Turquía.
Una democracia local en apuros, de acuerdo a organizaciones internacionales por los derechos humanos
El Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa ha adoptado recientemente una Resolución y una Recomendación expresando su preocupación sobre la situación de la democracia local en Turquía. Ambos documentos han sido ratificados en vistas de los resultados de una misión de investigación llevada a cabo por dos relatores en octubre y diciembre de 2016. La decisión fue tomada con el objetivo de analizar las consecuencias de la legislación de emergencia introducida después del golpe de estado fallido del 15 de julio de 2016, que ha tenido un claro impacto en la situación de los electos locales así como en las condiciones en las que se ejerce la democracia local en Turquía.
En su memorando explicativo, los dos relatores argumentan que algunas de las acciones legales tomadas después del estado de emergencia, tales como la detención y cese de alcaldes electos locales y su reemplazo por trabajadores públicos escogidos por parte de las autoridades centrales, contradice las disposiciones de la Carta Europea de autogobierno local sobre la democracia local y los derechos de representación y autogobierno. Esto deriva propiamente en una violación de las obligaciones internacionales de Turquía, cuya Constitución dispone que la legislación de emergencia no debe vulnerar sus obligaciones a nivel internacional.
Asimismo, los dos relatores también hacen notar como las autoridades turcas tienen una fuerte tendencia a referirse a factores distintos con el término “terrorista”; un apunte importante si se considera que la mayoría de los alcaldes han sido arrestados con cargos de terrorismo cuya definición puede no estar conforme con la práctica de la mayoría de los Estados del Consejo de Europa en la materia, tal y como hizo notar el propio Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. A la luz de estos hechos, el Congreso expresa su preocupación ante unas medidas que amenazan con dañar seriamente la democracia pluralista en Turquía, enfatizando como “las detenciones de los alcaldes electos en más de 50 municipios del sur-este de Turquía ha suspendido a efectos prácticos el ejercicio de la democracia local en esta región”.
“Examinar, en vistas de su liberación, la situación de los electos locales actualmente en prisión”
El Congreso también ha solicitado al Consejo de Europa que invite las autoridades turcas a “examinar la situación de los electos locales actualmente en prisión a la luz de la Convención Europea de Derechos Humanos, así como a proceder, en el caso de que sea adecuado, a su liberación inmediata”. En el mismo sentido, los relatores expresaron su preocupación por “lo que parece ser una práctica sistemática donde se han reubicado los alcaldes en prisiones que están muy lejos de sus casas, lo que hace el contacto con sus abogados y familias extremadamente difícil”.
Esta misión de investigación no ha sido la única en criticar la situación específica de los alcaldes detenidos y lo que parece ser, en un sentido general, un incremento espectacular de los prisioneros políticos en Turquía.
En este sentido, Amnistía Internacional hizo notar como “el fallido golpe de estado dio pie a una represión masiva de trabajadores públicos y miembros de la sociedad civil” y que “alrededor de 40.000 personas se encuentran hoy en situación de prisión preventiva” donde “hay evidencias de tortura”. Las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pueden “haber sido llevadas a cabo con impunidad, especialmente en la predominantemente kurda región sur-oriental del país”, origen geográfico de la mayor parte de los alcaldes detenidos, entre los cuales Gültan Kışanak y Fırat Anlı, co-alcaldes de la ciudad de la Comisión de Diyarbakır.
La Comisión expresa su solidaridad e invita los miembros a movilizarse en apoyo a la democracia local turca
El caso de Gültan Kışanak, Fırat Anlı y otros electos y funcionarios locales detenidos el pasado 25 de octubre es mencionado específicamente en la misión de investigación del Congreso, haciendo hincapié en el hecho de que los dos co-alcaldes han sido reemplazados por otro “alcalde” nombrado por las autoridades centrales, que dirige el municipio sin tomar en consideración el pleno municipal. Los relatores observan como muchos trabajadores municipales han sido suspendidos o despedidos, y que el acceso a los servicios municipales ha sido muy difícil desde entonces.
La primera parte del juicio, llevada a cabo el 22 de abril pasado, fue fuertemente criticada por parte de observadores turcos e internacionales, siendo tildada de politizada. Finalmente, fue decidido que la alcaldesa tenía que seguir en prisión hasta la celebración de la próxima vista de su juicio, prevista para 20 de junio.
Las muestras de solidaridad nacionales e internacionales con los co-alcaldes de Diyarbakır han sido una constante desde su detención, a la luz de la preocupación expresado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, con apoyos de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales de todo el mundo.
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos realizó una llamada en favor de la salvaguarda de la democracia local en Turquía, así como para expresar solidaridad con los co-alcaldes y el resto de trabajadores detenidos. Igualmente, la Comisión invitó sus miembros y colaboradores a contactar con los consulados y las embajadas turcas en sus territorios y a interpelar el gobierno turco pidiendo la liberación de Gültan Kışanak, Fırat Anlı y el resto de trabajadores detenidos de la ciudad de Diyarbakır, así como para hacer respetar la democracia local en Turquía.
Finalmente la Comisión incidió para la creación de un grupo de observadores sobre la democracia local en el marco de CGLU, una idea relanzada recientemente en el último Bureau Ejecutivo de la organización.
En vistas del inminente juicio a la Alcaldesa Gültan Kışanak, el próximo 20 de junio, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU invita a sus miembros y colaboradores a contactar con las embajadas y los consulados turcos en sus territorios y a interpelar el gobierno de Turquía [email protected], [email protected] y [email protected] solicitando la liberación de la alcaldesa Gültan Kışanak, el co-alcalde Fırat Anlı así como el resto de electos y trabajadores públicos locales detenidos, así como a respetar la democracia local en Turquía. Invitamos a nuestros miembros a dar apoyo a esta llamada, así como a contactar instituciones internacionales y regionales. También pueden participar en esta llamada a la solidaridad desde las redes sociales, escribiendo sus tweets y publicaciones en Facebook con el hashtag #FreeGültan.