El miércoles pasado, Leilani Farha, Relatora especial de Naciones Unidas sobre vivienda adecuada presentó su último informe en la 34º sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (27 febrero a 24 marzo). Este documento se centra en el fenómeno de la financiarización de la vivienda y su impacto sobre los derechos humanos, urgiendo a las administraciones públicas a redefinir su relación con el sector privado y reformar la gobernanza de los mercados financieros, reafirmando con ello la vivienda como un bien social y un derecho humano
Un enfoque de la vivienda desde el ámbito de los derechos humanos y contra la financiarización
El derecho a una vivienda adecuada es, en esencia, el derecho a tener un lugar donde vivir con dignidad y seguridad. Es interdependiente de los otros derechos humanos, en particular el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho a la vida. No obstante, en los últimos años la creciente función y la posición dominante sin precedentes de los mercados financieros y de las empresas privadas en el sector de la vivienda, denominada generalmente como “financiarización de la vivienda”, está teniendo profundas consecuencias para aquellos que más necesidad tienen de este derecho. En efecto, la vivienda es considerada como una mercancía, una forma de acumulación de riqueza, lo que la está desconectando paulatinamente de su función social.
Entre otros efectos, la financiarización de la vivienda está teniendo unas consecuencias dramáticas en el crecimiento de las desigualdades socio-espaciales y genera procesos de exclusión particularmente en las mayores metrópolis del mundo. Quienes poseen bienes en zonas urbanas privilegiadas se han vuelto más ricos, mientras que los hogares de ingresos bajos que hacen frente al aumento de los costes de la vivienda se vuelven más pobres. La financiarización de la vivienda también destaca como el sector público ha abandonado su capacidad de gobernanza y de exigir rendición de cuentas sobre sus actividades a los actores privados, en detrimento de los derechos humanos.
Respuestas políticas y recomendaciones para garantizar el derecho a la vivienda
De acuerdo al informe, las respuestas políticas a la financiarización de la vivienda han tendido a dar prioridad al apoyo a las instituciones financieras antes que a atender las necesidades de las personas cuyo derecho a una vivienda adecuada está en juego. No obstante, algunos Gobiernos nacionales y en algunos casos sub-nacionales han comenzado a abordar los efectos del exceso de corrientes de capital y de la financiarización en la asequibilidad y el acceso a la vivienda de las familias de ingresos bajos.
Por ejemplo, algunos gobiernos sub-nacionales aprobaron medidas para garantizar la función social de la vivienda y facilitar la expropiación de viviendas vacías. Otros gobiernos han optado por fomentar un enfoque más inclusivo de la inversión privada en la vivienda mediante incentivos financieros para alentar la construcción de viviendas asequibles.
A pesar de los elementos positivos de las respuestas de política de algunos gobiernos, en general las respuestas han tendido a ser esporádicas y reactivas, abordando el recalentamiento de los mercados o proporcionando iniciativas limitadas para ampliar el acceso al crédito.
Las cuestiones sistémicas más amplias de la financiarización y la mercantilización de la vivienda siguen en gran medida sin atenderse, además que instituciones internacionales de primer orden, como el Banco Mundial, siguen promoviéndolas. En este sentido, la Relatora Especial sugiere que el camino a seguir requiere un cambio para lograr que los gobiernos velen por que todas las inversiones en vivienda tengan en cuenta su función social y cumplan las obligaciones de derechos humanos a ese respecto. Ello exige una transformación de las relaciones entre lo público y el sector financiero, en las que el respecto de los derechos humanos sea el objetivo primordial, y no una obligación subsidiaria o desatendida.
Con el objetivo de lograr este cambio, la Relatora Especial recomienda diversas medidas, de las cuales las siguientes:
- “Se elaboren nuevas iniciativas para acercar los ámbitos del sector financiero corporativo y público, la vivienda, la planificación y los derechos humanos” [A/HRC/34/51 p.24]. La Relatora Especial recomienda que se celebre una reunión internacional de alto nivel en la que participen los poderes públicos, las instituciones financieras internacionales, los órganos de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los expertos pertinentes a fin de elaborar una estrategia para que los organismos y los agentes de regulación financiera participen en la consecución del objetivo de garantizar una vivienda adecuada para todos de aquí a 2030.
- Las estrategias elaboradas por los Estados y los gobiernos locales para lograr la meta 11.1 (ciudades sostenibles) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) incluyan toda una serie de medidas fiscales, normativas y de planificación a fin de restablecer la vivienda como un bien social, promover un sistema de vivienda inclusivo y evitar la especulación y la excesiva acumulación de la riqueza.
- Los tratados comerciales y de inversión reconozcan la primacía de los derechos humanos, incluido el derecho a la vivienda, y garanticen que los Estados tengan plena capacidad para regular la inversión privada a fin de asegurar la efectividad del derecho a la vivienda.
CGLU y la Relatora Especial unen esfuerzos en la Campaña “The Shift”
CGLU, a través de su Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos, ha colaborado con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre vivienda adecuada en la promoción efectiva del derecho a la vivienda en la Nueva Agenda Urbana Mundial.
A lo largo del proceso de Hábitat III, la Comisión, la Relatora y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, trabajaron juntos para promover el enfoque de derechos humanos en esta agenda.
En este marco, organizaron un evento paralelo sobre los derechos de las personas sin hogar en el marco de la Nueva Agenda Urbana, lo que llevó a una declaración conjunta que introdujo diversas recomendaciones sobre este ámbito. Durante Hábitat III, la Relatora Especial, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y CGLU organizaron un evento conjunto para lanzar la campaña “The Shift”, que promueve el respecto y la garantía del derecho a la vivienda frente a la mercantilización de la vivienda.
En los próximos meses, la Comisión continuará trabajando con la Relatora Especial de Naciones Unidas en el marco de esta campaña. A este efecto, en Abril, la Comisión tomará parte en un encuentro internacional en Ottawa, Canadá.