23/11/2022

El papel de la crisis climática en la lucha contra la violencia hacia las mujeres

El Observatorio Internacional de la Violencia contra las Mujeres, participó en el Foro Mundial de las Ciudades de Derechos Humanos de Gwangju para intercambiar sobre los vínculos entre el cambio climático y la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y para fomentar a las ciudades y territorios del mundo entero a acutuar en esta lucha. Según el informe de la OCDE de 2021 sobre “igualdad de género y fragilidad”, trabajar sobre la desigualdad de género requiere un enfoque sistémico que aborde todos los diferentes aspectos de la vulnerabilidad. De hecho, la violencia contra las mujeres y la exposición a las crisis (climática, de seguridad, económica o sanitaria), refuerzan y agravan mutuamente las desigualdades de las mujeres y las violaciones de sus derechos.

Aunque la violencia está universalmente extendida en todas las culturas y territorios, los contextos de grande vulnerabilidad, como los más afectados por la crisis climática, refuerzan la violencia contra las mujeres.

El cambio climático expone a las mujeres a muchos retos en su vida cotidiana; pero también a un aumento de la violencia machista. Los acontecimientos relacionados con la crisis climática no son la causa directa de la violencia contra las mujeres; pero permiten crear un entorno en el que la violencia pueda perpetrares más fácilmente y con impunidad. La causa principal y directa de la violencia sigue siendo el patriarcado, que "normaliza" la violencia contra las mujeres.  En este sentido, el tsunami de 2004 en el océano Índico es un ejemplo contundente que atestigua que, aunque el cambio climático afecte a nuestra sociedad en su conjunto, la desigualdad entre mujeres y hombres afecta al derecho a la vida y a la supervivencia de las mujeres: debido a la discriminación sistémica, muchas mujeres que vivían en la zona de lo tsunami no aprendieron a nadar y no tuvieron acceso a la información y a las herramientas necesarias para su seguridad durante el tsunami y sólo hubo entre 20 y 35% de mujeres supervivientes.

En los últimos 20 años se han multiplicado los fenómenos climáticos extremos, como la sequía, las inundaciones y los ciclones. Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático muestran que estos fenómenos han afectado a 4.000 millones de personas en todo el mundo y han causado más de 300.000 muertos. Sin embargo, la exposición a las consecuencias del cambio climático debe examinarse desde la perspectiva de la desigualdad de género. En efecto, el cambio climático hace más complejo el acceso a los recursos, bienes y servicios básicos: las mujeres, que suelen ser las principales proveedoras de recursos como el agua potable, están más expuestas al peligro y a la violencia, también porque suelen recorrer mayores distancias para acceder a estos bienes.  

Además, según la Cruz Roja, la trata de personas con fines de explotación sexual y violencia sexual aumentó en Laos y Filipinas tras el tifón de 2013.  La violencia en las relaciones íntimas y sexual también aumenta durante los fenómenos meteorológicos extremos debido al psicotrauma que provoca el estrés, el aumento del consumo de alcohol y la ausencia temporal del estado de derecho.

Del mismo modo, el cambio climático provoca un aumento de los matrimonios precoces. Varios estudios muestran que los fenómenos meteorológicos extremos, como el ciclón Roanu en Bangladesh y Malawi, han aumentado el número de niñas casadas antes de los 18 años. Estos matrimonios son una estrategia de las familias para reducir sus gastos en contextos en los que ya no tienen acceso a recursos o servicios básicos. En Malawi, por ejemplo, estas niñas eran conocidas como "Novias del Sol", ya que sus familias las empujaban al matrimonio forzado debido a las consecuencias económicas de la sequía. 

La violencia contra las mujeres en situaciones de gran vulnerabilidad es una consecuencia de los fallos sistémicos provocados por los fenómenos meteorológicos extremos, que causan una inestabilidad socioeconómica e institucional que hace inaccesibles la asistencia sanitaria, la seguridad y la aplicación de la ley.

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