En ocasión de la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (febrero-marzo de 2018), la Relatora Especial de la ONU por una vivienda adecuada, Leilani Farha, presentó su último informe anual. Acogiendo con beneplácito las iniciativas de los gobiernos locales respeto al derecho a la vivienda, el informe subrayó, no obstante, la necesidad de seguir promoviendo programas nacionales y compromisos a nivel internacional para lograr la materialización del derecho a la vivienda.
Este informe viene en apoyo de la campaña “Make The Shift”, lanzada por la Relatora con el apoyo de CGLU y de la Comisión a efectos de movilizar los actores implicados en la implementación de la Agenda 2030 para centrar la atención en la realización universal del derecho a la vivienda.
¿Qué perspectivas ofrece el enfoque de derechos en relación a la vivienda?
El punto de partida se ubica en la necesidad de hacer diferencia entre lo que son políticas y lo que son estrategias de vivienda. Según la Relatora, una política de vivienda “se componen de una serie de programas que abordan cuestiones de actualidad relacionadas con la vivienda, como la falta de hogar, la oferta de vivienda social o el acceso a la vivienda en el mercado privado”. En oposición, las estrategias de vivienda “operan en un plano más elevado que las políticas y programas de vivienda, y se basan en una visión del cambio estructural que habrá de lograrse con el paso del tiempo”
"Las estrategias de vivienda basadas en derechos deben inspirarse en el derecho a la vivienda no solo como un conjunto de normas jurídicas, sino también como una visión transformadora y un llamamiento a la acción. Esta visión debe mover a actuar a gobiernos locales y nacionales, movimientos sociales y comunidades de todo el mundo. Las estrategias tienen que ser “documentos vivos” que vayan evolucionando y adaptándose a medida que surjan nuevos desafíos y se escuchen nuevas voces"
Relatora Especial de las Naciones Unidas por la Vivienda Adecuada
Por lo tanto, como parte de los objetivos globales establecidos en el marco de la Agenda 2030, una estrategia de vivienda debe velar para que nadie se quede atrás. Esto implica que debe aspirar a “convertir sociedades en las que un número considerable de personas se ven privadas del derecho a una vivienda adecuada en sociedades en las que todas las personas tengan acceso a una vivienda adecuada y en las que la vivienda sea un medio de garantizar la dignidad, la seguridad y la inclusión en comunidades sostenibles”.
Según la Relatora, el marco de derechos humanos es esencial para asegurar la eficacia general de las estrategias de vivienda, dado que actúa como un “mecanismo correctivo que permite reevaluar los elementos que componen las estrategias de vivienda con el objetivo de asegurar que nadie se quede atrás y que se logren avances continuos”. Ayuda a informar en la toma de decisiones y clarifica las responsabilidades de los actores en cuestión.
Principios clave a tomar en cuenta
La Relatora propone diez principios clave en la constitución de una estrategia de vivienda basada en los derechos humanos:
- basarse en la legislación y las normas jurídicas (el derecho a la vivienda debe ser reconocido pues en las estrategias de vivienda como un derecho legal y estar sujeto a recursos efectivos);
- dar prioridad a los más necesitados y garantizar la igualdad;
- tener carácter exhaustivo y abarcar todos los niveles de gobierno;
- garantizar una participación basada en los derechos (esto es, “promover la participación significativa de las personas afectadas en todas las etapas, desde el diseño hasta la aplicación y la supervisión”;
- elaborarse sobre la base de presupuestos responsables y justicia fiscal (de acuerdo al principio de dedicar el “máximo de los recursos disponibles” y “todos los medios apropiados”);
- fijar objetivos y plazos basados en los derechos humanos (en coordinación con los resultados a los que el estado se ha comprometido a llegar en el marco de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana);
- poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas y supervisión (haciendo notar que los estados “tienen la firme obligación de supervisar de manera eficaz la aplicación y los resultados de las estrategias de vivienda”);
- garantizar el acceso a la justicia (acceso al recurso en caso de violación de los derechos);
- aclarar las obligaciones de los actores privados y regular los mercados financieros, de la vivienda e inmobiliarios y
- ejecutar proyectos de cooperación y asistencia internacionales.
En el informe, cada uno de estos diez principios viene acompañado de descripciones específicas y proporciona ejemplos concretos de acciones públicas para implementar el derecho a la vivienda.
El rol de los gobiernos locales y la cooperación internacional
Cabe señalar como en el informe existen varias referencias que muestran acciones de municipios ya comprometidos con el derecho a la vivienda. Es el caso de Seúl, como ciudad de derechos humanos que busca garantizar el acceso de su población a la justicia: “Varias ciudades cuentan con oficinas del ombudsman que ofrecen procedimientos de denuncia en caso de vulneración del derecho a la vivienda. (…) Seúl creó un comité local de derechos humanos y una oficina del ombudsman ante la que los residentes locales pueden presentar sus denuncias”.
El informe también destaca los esfuerzos de varios municipios para establecer las obligaciones de los actores privados y regular los mercados financieros, de vivienda e inmobiliarios: “Muchos gobiernos locales exigen que los promotores velen por que al menos un porcentaje mínimo de las nuevas viviendas sea asequible.
En Montreal (Canadá), el 15% de las viviendas debe ser asequible, mientras que en Londres el porcentaje se sitúa en un 25%, y en la Plaine Commune de París, en un 40%”
El informe defiende la necesidad de garantizar la autonomía local en relación con el derecho a la vivienda en ámbitos como la regulación de los mercados y de la vivienda, el acceso a una mayor financiación local o la participación. Por lo tanto, “las estrategias deben velar por que los gobiernos locales dispongan de suficientes fondos, disposiciones tributarias y otros medios de procurarse recursos cuando se les asignen responsabilidades en materia de vivienda”.
Este reafirma igualmente como “los gobiernos locales pueden realizar una labor de mediación fundamental en el fomento de la participación, ya que suelen estar en una posición privilegiada que les permite colaborar directamente con las comunidades locales y hacer llegar las preocupaciones de estas a la gobernanza local, las negociaciones intergubernamentales y las estrategias a nivel nacional”.
Por último, el informe recuerda la importancia de la cooperación intermunicipal y la solidaridad internacional para promover el derecho a la vivienda. Por ello, menciona el Compromiso y Agenda Acción de Bogotá de CGLU, que propone “métodos innovadores para integrar la administración local en los mecanismos e instituciones de desarrollo internacionales a fin de asegurar la aplicación de la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo de París y otros acuerdos internacionales” y señala cómo CGLU ha unido fuerzas con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatora Especial en la campaña Make the Shift.