El Ayuntamiento de Terrassa trabaja desde hace años en el objetivo de otorgar centralidad a los derechos humanos en las políticas públicas del ámbito municipal. Es ciudad signataria de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad desde el año 2000, por lo que su compromiso y visión como ciudad de derechos cuenta con una larga trayectoria.
Tomando como referencia el artículo 1 de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad: “La ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad”. Vemos como la gestión de la vida pública en las ciudades es un elemento clave para la promoción y la garantía de los derechos humanos, así como para la prevención de su vulneración.
El Ayuntamiento entiende que los derechos humanos son la estructura que debe vertebrar las políticas públicas, puesto que son la condición indispensable para el desarrollo y el bienestar de la vida de las personas. Por esta razón, cualquier política pública que se lleve a cabo desde la administración local, debe estar alineada con estos principios.
La centralidad de los derechos humanos en las políticas públicas de proximidad, debe estar fomentada en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos como forma de reducir las desigualdades y mejorar el bienestar de los vecinos y vecinas de la ciudad. Los ayuntamientos deben desarrollar el ejercicio de las competencias municipales relacionándolas con estos derechos.
Si entendemos que las políticas públicas deben corregir las desigualdades y redistribuir los recursos y las oportunidades en la ciudadanía, interpretaremos las desigualdades como una vulneración de derechos, y esto interpela directamente a la administración, no como una responsabilidad moral, sino como una obligación jurídica.
El principio de igualdad y no discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y una de las bases fundamentales del sistema de protección de derechos humanos. Las personas no son neutras, tienen puntos de partida diferentes. Los ejes de desigualdad son divisiones a partir de las cuales se distribuyen de forma desigual los recursos socialmente valorados. Así, las personas, en función de los grupos sociales en los cuales sean categorizados, tendrán más o menos acceso a determinados recursos (dinero, prestigio, contactos, información, etc.).
Este principio obliga a las administraciones a trabajar para sobrepasar la visión sectorial de las políticas públicas a favor de una visión más integral e interseccional, entendiendo a los ciudadanos, como sujetos y titulares de derecho, y no como objetos o receptores de las políticas o de los servicios públicos. Se deben analizar las problemáticas o necesidades sociales como causas estructurales de desigualdad e incorporar la participación como derecho de ciudadanía.
Las ciudades adquieren cada vez un papel más relevante entre los actores internacionales, puesto que tienen la capacidad de movilizar recursos y disponen de autonomía para el ejercicio de sus competencias. El municipio, como administración más próxima a la realidad y a las personas, tiene una posición privilegiada para detectar las necesidades de sus habitantes en relación con los derechos humanos.
En este contexto, se hacen necesarias las redes internacionales entre ciudades, como espacios de trabajo compartido que posibilitan elevar las necesidades detectadas a nivel local, al plano internacional.
Terrassa cuenta con una larga trayectoria en su apuesta por el municipalismo internacional. Esta estrategia le ha proporcionado visibilidad, posicionamiento y reconocimiento por su presencia en el ámbito europeo e internacional. Es miembro de CGLU desde 2004, y participa en diferentes foros y grupos de trabajo dentro de esta organización.
La propuesta de adhesión a la campaña “10, 100, 1000 Ciudades y Territorios de Derechos Humanos para 2030”, enlaza con la trayectoria internacional de la ciudad, así como con su apuesta entorno a la centralidad de los derechos humanos en las políticas públicas municipales, hacia la construcción de una ciudad de derechos.
Participar en esta campaña, permitirá al municipio participar de manera activa en redes de intercambio de experiencias, tejer redes de contactos estables, intercambiar mejores prácticas entre ciudades, participar en acciones de innovación en torno al enfoque de derechos humanos en las políticas públicas municipales. De la misma manera, esta experiencia ha de revertir a nivel interno en el proceso de adopción y reconocimiento de los derechos humanos como guía para la acción municipal.
Entre los diversos mecanismos y programas realizados desde el Ayuntamiento en relación a los derechos humanos, destacamos que desde 2017 cuenta con Programa de Derechos Humanos dentro de la estructura municipal, con el objetivo de avanzar en la garantía y la protección del ejercicio de las libertades, de los derechos y de los deberes de la ciudadanía.
Este programa, forma parte de los ejes estratégicos del Programa de Gobierno municipal 2019-2023, y establece sus prioridades en los siguientes objetivos:
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Trabajar para incorporar la centralidad de los derechos humanos en el despliegue de sus políticas públicas y su Programa de Gobierno, para avanzar en la garantía y la protección del ejercicio de las libertades, de los derechos y de los deberes de la ciudadanía.
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Ofrecer formación a los equipos técnicos municipales en materia de derechos humanos, para dotarlos de herramientas de gestión por la garantía y promoción de los derechos humanos en el ámbito municipal.
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Colaborar con las entidades y plataformas defensoras de los derechos humanos de la ciudad, realizar acciones de sensibilización y concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer conocer la importancia de los derechos humanos en el ejercicio de sus libertades, derechos y deberes, y de difusión de la Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos en la ciudad.
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Implementar una estrategia para la prevención y el abordaje del discurso del odio y de los movimientos contrarios a los valores democráticos, como el fascismo.
Consideramos relevante destacar el proyecto IGUALTATS CONNECTADES, Interseccionalidad a las políticas locales, un proyecto basado en los derechos humanos. Es un proyecto pionero que plantea cómo aplicar el enfoque interseccional en las políticas públicas locales de igualdad. Con este proyecto se quiso profundizar en las posibilidades y límites de la interseccionalidad, una perspectiva analítica que, a pesar de contar con un amplio reconocimiento y apoyo entre la comunidad académica, raramente se había llevado a la práctica en el ámbito de las políticas públicas municipales.
La iniciativa se inició el 1 de enero de 2018 y finalizó el junio de 2019, y fue cofinanciada por el Programa de Justicia, Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Comisión Europea, liderada por el Ayuntamiento de Terrassa e implementada conjuntamente con la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC) y CEPS Proyectos Sociales.
El objetivo principal fue desarrollar un proceso de formación, concienciación y reflexión para valorar las posibilidades de aplicar la interseccionalidad en el contexto de una administración local, en este caso, el Ayuntamiento de Terrassa, y siempre en diálogo con la sociedad civil.