¿Por qué los gobiernos locales y regionales son esenciales para promover, cumplir y respetar los derechos humanos?
Las violencias y las diferencias estructurales de poder se concentran con mayor fuerza en los sectores más empobrecidos y en los grupos de atención prioritaria, cuyas múltiples vulnerabilidades se superponen y se expresan de forma concreta en el espacio urbano. En este sentido, como plantea David Harvey (2013), el derecho a la ciudad no se limita al acceso a los recursos que esta ofrece, sino que implica el derecho a imaginar, transformar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos y necesidades colectivas.
Esto nos habilita —y al mismo tiempo nos obliga— a exigir a los gobiernos, tanto nacionales como locales, el cumplimiento efectivo de la Carta Magna del Estado. En este marco, los gobiernos locales asumen un compromiso aún mayor con la concreción, la efectivización y la garantía del ejercicio pleno de todos los derechos en las ciudades, poniendo especial atención en los territorios rurales y en los sectores históricamente excluidos.
¿Por qué los derechos humanos son valores relevantes y un marco útil para guiar la acción local?
No podemos dejar de mencionar que el resultado de las ciudades que tenemos ahora corresponde a una planificación que ha sido generada por hombres, blanco-mestizos y desde “realidades de privilegio”, y sus vivencias en la ciudad en relación al acceso a la infraestructura, los servicios, la movilidad, el espacio público, etc.
Estas lógicas distantes a las de la mayoría de la población, dan como resultado una planificación que ha violentado, violenta y suma violencias que inician desde:
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El desconocer las necesidades, individuales y colectivas de adultos y adultas mayores, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en movilidad humana, grupos LGBTI. La Constitución en su artículo 35 reconoce 6 grupos de atención prioritaria: personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La ciudad desde su Consejo de Derechos incluye a 10 grupos de atención prioritaria como parte de sus marcos normativos: niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, movilidad humana, pueblos y nacionalidades, pueblo afroecuatoriano y montuvio, diversidades sexo genéricas y naturaleza y animales.
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El invisibilizar los datos de:
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Crecimiento de violencia contra mujeres y niños y niñas
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Incremento del trabajo infantil
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Deserción escolar
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Incremento de habitantes de vida en calle
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Precarización y sobrecarga laboral
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Ignorar las tasas de suicidios
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Incremento de la xenofobia, el racismo y todas formas conexas de intolerancia
La ciudad no ha sido pensada para incluir, ni ha sido construida desde una perspectiva de prioridad social. Su planificación, producción material, política y simbólica ha estado históricamente orientada hacia una lógica de economía de mercado y comercio, en lugar de una economía de los cuidados. Como resultado, la ciudad responde a las exigencias del capital y deja de lado lo esencial: su construcción sobre la base de los derechos. Esta omisión perpetúa la mayor de las violencias: la exclusión.
Entendemos los cuidados desde la definición de Fisher y Tronto 1990 (Tronto 2005, p. 234) como “una actividad de especie que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro ‘mundo’ de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual buscamos para entretejer en una red compleja que sustenta la vida”.
En este escenario, cabe preguntarse: ¿cómo alcanzamos una producción social del hábitat? ¿Cómo construimos ciudades centradas en las personas, capaces de generar nuevos significados que nos acerquen al Buen Vivir, erradiquen las violencias estructurales y transformen el paradigma urbano dominante? Como sostiene Blanca Valdivia, para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa es imprescindible “un cambio de paradigma urbano y comenzar a construir la ciudad cuidadora, en la que la sostenibilidad de la vida esté en el centro de las decisiones urbanas”. Este llamado nos interpela a repensar profundamente la forma en que diseñamos, habitamos y gobernamos nuestras ciudades, situando la vida —y no el capital— como eje articulador de toda planificación urbana.
Nos inspiran las voces de quienes no han sido escuchados, que nos exigen urgentes acciones, que nos reclaman sobre la demora en actuar. Queremos seguir sumando militantes para consolidar un buen futuro comprometido, estructurado y centrado en quienes debemos escuchar.
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Acuerdo por un Quito libre de violencia.
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Acuerdo Quito sin discriminación, xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia.
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Ordenanza de: Erradicación progresiva del trabajo infantil ; Prevención, protección de derechos e inclusión social de las personas habitantes de calle.
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Ordenanza reformatoria a la ordenanza metropolitana No. 001 que contiene el código municipal para el distrito metropolitano de Quito, que incorpora el título que reconoce y regula las actividades y prestación de servicios de estibadores, tricicleros, cocheros y cuidadores de carga del distrito metropolitano de Quito.