Cascais

Sabemos que los derechos humanos sólo pueden materializarse mediante su aplicación práctica y concreta, con resultados visibles en una sociedad más digna para todos. Sin embargo, junto con esta constatación imparable, es cada vez más esencial invertir en la reflexión, en una dimensión teórica, para que exista el conocimiento, la aceptación y la integración de conceptos y premisas que materialicen el potencial emancipador de la regulación social que ofrece un enfoque de derechos humanos. 

En el contexto de la administración pública, el artículo 266 de la Constitución portuguesa propugna la búsqueda del interés público, con respeto a los derechos e intereses legalmente protegidos de los ciudadanos. Por ello, en Portugal, la administración local y nacional tiene la importante misión de apoyar la creación de políticas con un enfoque de derechos humanos. Para nosotros, como autoridad local, la implicación en cuestiones de derechos humanos es un aspecto clave de nuestras responsabilidades. Los gobiernos regionales y locales desempeñan un papel crucial en la promoción de políticas basadas en los derechos humanos y la protección de los derechos de sus ciudadanos. La proximidad de los gobiernos locales con los ciudadanos las sitúa en una posición privilegiada, no sólo para comprender sus necesidades y afirmarse cuando los gobiernos nacionales se encuentran en momentos de crisis o estancamiento político, sino también para generar un impacto en el trabajo realizado sobre el terreno. La participación comunitaria es clave para fundamentar y diseñar un proceso de toma de decisiones más consciente, permitiendo una participación significativa en los procesos de consulta y diagnóstico, reconociendo la validez del conocimiento de los miembros de la comunidad. Este intercambio de recursos con la comunidad contribuye de manera más precisa a crear respuestas a necesidades concretas garantizando que las acciones locales sean justas, inclusivas y sostenibles.