La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha, presentó su último informe anual el 5 de marzo pasado en el Consejo de Derechos Humanos, donde propone un conjunto de principios rectores o “directivas” para la realización del derecho a la vivienda. Este informe culmina el mandato de Leilani Farha como Relatora Especial, que duró 6 años y estuvo marcado por su promoción del derecho a la vivienda como medio para luchar contra la financiarización de la vivienda y su impacto directo en el aumento de las desigualdades socioeconómicas alrededor del mundo. El informe ofrece una buena síntesis del trabajo anterior llevado a cabo por la Relatora Farha sobre este tema, e incluye recomendaciones y propuestas que son particularmente relevantes para los gobiernos locales y el trabajo en torno a la Declaración “Ciudades para la Vivienda” propuesta por la CISDPDH y CGLU.
Estas “directivas” parten del enfoque a la crisis mundial de la vivienda desarrollado en la campaña The Shift y el trabajo de estos últimos años de la Relatora Farha. Aspiran a proporcionar a aquellas esferas de gobierno y actores relevantes en el ámbito de la vivienda un conjunto de recomendaciones y áreas de acción prioritaria que refuerzen su protección e implementación del derecho a la vivienda.
De hecho, y como recordó la Relatora, si bien el concepto de “derecho a una vivienda adecuada como elemento del derecho a un nivel de vida adecuado” ha venido siendo desarrollado en el derecho internacional de derechos humanos hace ya tiempo, los estados “no siempre son conscientes de cómo aplicar (estas) obligaciones (…) en el contexto de la vivienda y, lo que es más importante, de cómo pueden traducirse en medidas concretas para hacer frente a la crisis”.
[ Lea las Directivas sobre el Derecho a la Vivienda ]
El informe propone contribuciones significativas en áreas como la participación ciudadana y de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas públicas o soluciones en el ámbito de la vivienda. Aborda temas como la no discriminación o el papel de la cooperación entre diferentes esferas de gobierno, actores y partes relevantes, incluidos los gobiernos locales y regionales.
Propone la implementación de medidas en áreas tales como “la falta de hogar y la inasequibilidad de la vivienda, la migración, los desalojos, el cambio climático, la mejora de los asentamientos informales, la desigualdad y la regulación de las empresas”. Estas áreas están obviamente entre los desafíos y problemas más apremiantes vinculados a la actual crisis mundial de la vivienda.
Con el fin de continuar aportando la perspectiva de los gobiernos locales y regionales a este trabajo, la Comisión CISDPDH y el departamento de investigación de CGLU (GOLD) enviaron una contribución conjunta al informe (disponible en inglés aquí).
El documento contiene una compilación de prácticas que muestran la capacidad de los gobiernos locales y regionales para promover la agenda del derecho a la vivienda de forma sustancial y efectiva, en cooperación con otros actores. Este documento también recogió algunos mensajes clave, desafíos y prioridades compartidas que fueron presentadas en reuniones de la CISDPDH y el último informe monográfico del departamento CGLU GOLD sobre vivienda.