La política “Apoyo Real para Personas en Situaciones Desfavorecidas” de Blagoevgrad (Bulgaria) estuvo activa entre abril de 2004 y diciembre de 2007. A través de esta política, personas en situación de desempleo de larga duración en edad de prejubilación, muchas de las cuales tenían bajas cualificaciones y algunas de las cuales eran de origen gitano, fueron invitadas a formarse como trabajadoras sociales y después se les asignó un puesto de trabajo como asistentas sociales de ancianos/as solos/as o de personas enfermas.
De esta manera, recibieron simultáneamente una solución positiva los problemas sociales de dos grupos diferentes. La política era parte de un proyecto nacional, SANE (Servicios Sociales y Nuevo Empleo), iniciado y diseñado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP) y llevado a cabo en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Política Social búlgaro.
Presentación y objetivos del proyecto
Se trataba de un proyecto innovador que movilizó los recursos de comunidades locales y aumentó la capacidad de las ONG como proveedoras de servicios sociales.
El objetivo principal del proyecto era probar un nuevo plan de fomento del empleo para personas en edad de prejubilación a cambio de la prestación de servicios sociales para gente vulnerable. De esta manera, el proyecto tenía por objetivo contribuir a la inclusión social de grupos vulnerables (ancianos/as solos/as y personas con discapacidades) y luchar contra el desempleo entre el grupo de personas con menos perspectivas: aquellas con pocas o escasas cualificaciones en edad de prejubilación.
La metodología para prestar servicios sociales se elaboró basándose en experiencias compartidas en grupos de discusión variados que implicaban la participación de todos los actores: beneficiarios/as de los servicios, asistentes/as sociales y proveedores y administradores de los servicios.
Los beneficiarios directos del proyecto fueron las personas mayores y los discapacitados, que recibieron servicios sociales mejorados, así como personas en situación de desempleo de larga duración en edad de prejubilación, que recibían formación y nuevos puestos de trabajo como asistentas sociales.
El proyecto fue un modelo piloto de financiación, gestión, prestación y seguimiento descentralizados de servicios sociales para comunidades locales. Se introdujo inicialmente en 12 municipios en 2006, y se implantó en todo el país a través del programa nacional Asistentes para Personas con Discapacidades, financiado por el Ministerio de Trabajo y Política Social de 117 municipios.
Establecimiento de la política de ayuda
Otros elementos del proceso de institucionalización fueron:
- La metodología para prestar servicios sociales ha sido elaborada y aprobada por la Agencia Nacional para la Asistencia Social;
- Se ha creado una lista de todos los proveedores de servicios sociales (entidades legales públicas y privadas);
- En 2008 se creó una asociación de ONG proveedoras de servicios sociales, presidida inicialmente por Mila Sokolova;
- Se ha reconocido legalmente la profesión de “asistente/a social” con su inclusión en la Clasificación Nacional de Profesiones,
- Se introdujo una enmienda a la Ley de Asistencia Social para la gestión descentralizada de los servicios sociales.
La implantación costó un total de 7.014.684 dólares estadounidenses. Las fuentes de financiación fueron el Ministerio de Trabajo y Política Social, los municipios piloto (262.921 dólares estadounidenses), el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (100.000 dólares estadounidenses) e impuestos de los/las consumidores/as.
Principales resultados
Los principales resultados del proyecto han sido:
- Consolidación de la capacidad institucional de financiamiento, gestión, prestación y seguimiento de servicios sociales en los ámbitos nacional, regional y municipal;
- Introducción de un modelo descentralizado de prestación de servicios sociales en comunidades y generación de empleo;
- Desarrollo de una política social a largo plazo con un efecto doble: la inclusión social de personas desfavorecidas y el empleo para los/las parados/as.
Los obstáculos
Los principales retos que hubo fueron el diálogo con todas las instituciones implicadas en el proyecto (el municipio, el director de Asistencia Social y la Oficina de Empleo Local). Incluso ahora, cuando Mila Sokolova está al otro lado de la “barricada” presidiendo la Oficina de Servicios Sociales del municipio, todavía hay problemas de comunicación, puesto que no hay suficientes ONG con las capacidades necesarias para prestar servicios sociales. La sostenibilidad del proyecto es otro gran problema, ya que necesita regenerarse continuamente.
Por más informaciones, consultar el estudio de caso completo: Observatorio Ciudades Inclusivas
Para otros estudios de casos:http://www.uclg-cisdp.org/es/observatorio