El cantón de Santa Ana de Cotacachi es un municipio situado en la provincia de Imbabura, en Ecuador, que cuenta con más de 37.250 habitantes, de los cuales el 80% vive en zonas rurales. El municipio se caracteriza por su diversidad étnica y cultural: el 60% de sus habitantes son indígenas Quechua, el 35% son mestizos blancos, y el 5% afroecuatorianos.
Historia:
Tradicionalmente, su población rural se ha visto excluida de los procesos de desarrollo, con poco acceso al agua potable y al alcantarillado, y una de las tasas de mortalidad más altas del país. El municipio dispone de un presupuesto anual de 3 millones de dólares y, hasta 1996, lo gestionaba la comunidad mestiza-blanca porque la mayoría indígena estaba políticamente subordinada, económicamente depauperada y socialmente excluida. La segregación afectaba espacialmente a las mujeres indígenas en la zona rural. La elección del alcalde indígena Auki Tituaña en 1996 (y sus reelecciones subsiguientes en 2000 y 2004) modificó las estructuras gubernamentales existentes. Tras la institución de las Asambleas Anuales de la Unidad Cantonal, se crearon los Comités Coordinadores de las Mujeres en las tres zonas del municipio: urbana, andina y subtropical. La participación de las mujeres se fue haciendo cada vez más activa y propositiva con la puesta en marcha del presupuesto participativo en 2002.
Objetivos principales:
Los objetivos principales del presupuesto participativo eran fomentar la participación y organización social, étnica e intergeneracional, especialmente con un enfoque género; aportar transparencia a la gestión del presupuesto municipal; y conseguir una autogestión que valorara la contribución económica de la comunidad. En 2003 se añadió un Comité de Seguimiento o Controlaría Social (compuesto por miembros de la comunidad) para controlar la implementación de los programas y las obras aprobados. En 2003 se añadió un objetivo básico a la experiencia del Presupuesto Participativo de Cotacachi: fomentar la participación de las mujeres, sobre todo en zonas rurales, mediante la creación de medidas de diferenciación de género y discriminación positiva. Mediante talleres específicos destinados a crear un entorno colaborativo en el cual las mujeres indígenas se sintieran cómodas y superaran su comportamiento tradicionalmente pasivo en el espacio público, su participación aumentó y se reforzó su capacidad de organización comunitaria. La utilización del lenguaje nativo por parte de las comunidades locales, así como de recursos educativos a base de colores, símbolos (frutos secos y semillas) y otros materiales cotidianos ayudó sobremanera.
Resultados:
La promoción y la capacitación de las mujeres de Cotacachi en el proceso de presupuesto participativo implicaron una serie de transformaciones en la gestión y las políticas municipales:
- Una unidad técnica municipal recibió formación especializada en técnicas participativas de la mano de un equipo mayoritariamente femenino.
- Las políticas y los proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus familias que se debatieron dentro del proceso de presupuesto participativo han contribuido a detallar los contenidos del Plan de Desarrollo Cantonal, el Plan Sanitario Cantonal, el Plan de Gestión Medioambiental, los Planes Parroquiales, y los Planes Comunitarios, institucionalizándose así a través de su aprobación formal.
- Los resultados de esta experiencia fueron muy visibles. En 2003 se lanzó la campaña ‘Yo sí puedo’, en la que participaron 1.667 personas (de las cuales un 65% eran mujeres) a las que se enseñó a leer y a escribir. Desde entonces un 10% de todas las mujeres indígenas y el 20% de todas las mujeres adultas han aprendido a leer gracias a este programa y Naciones Unidas ha declarado a Cotacahi como el primer cantón sin analfabetismo de Ecuador.
- Desde la puesta en marcha del presupuesto participativo, más de dos tercios de los recursos municipales se han destinado a zonas rurales -en contraste radical con las fórmulas que anteriormente se habían aplicado. Ha habido mejoras significativas en la electrificación rural, con una cobertura del 95% en el área subtropical, mientras que el 12% del presupuesto anual se ha destinado al saneamiento básico.
- Dentro del proceso de presupuesto participativo, las mujeres han priorizado constantemente la atención sanitaria. En 2003 se decidió que el municipio asumiría el control de la prestación sanitaria (mediante un acuerdo con el Estado que permite la ley ecuatoriana) y se formó un comité tripartito local que incluyó el municipio, la comunidad y profesionales de la atención sanitaria. El progreso realizado actualmente se considera único en el país: en pocos años, la mortalidad infantil se ha reducido hasta el 0% y se ha diseñó un programa integral de prevención sanitaria,que destina recursos a la mejora del cuidado materno-infantil en los centros médicos del cantón.
- Además, se está promoviendo la medicina tradicional, valorizándose los conocimientos ancestrales indígenas y capacitando a trabajadores previamente informales del área.
La experiencia de Cotacachi iba, y todavía pretende ir, más allá de simplemente distribuir y controlar los recursos públicos,generando asimismo impactos económicos, políticos, sociales y culturales duraderos. En términos generales, constituyó un ejemplo nacional e internacional de gestión municipal exitosa, obteniendo varios premios internacionales (como la distinción a las Mejores Prácticas OIDP en 2006).
Esta política continúa basándose sólidamente en la participación abierta con un énfasis en la discriminación positiva de las minorías étnicas y de las mujeres, sin ignorar derechos más universales a la participación. El hecho de que el presupuesto participativo y varias políticas nacidas dentro de este amplio abanico de resultados tuvieran continuidad tras la derrota electoral del alcalde Auki Tituaña en abril de 2009 muestra el grado de arraigue social y de sostenibilidad que ha conseguido esta política.
El caso de de Cotacachi subraya la importancia de la voluntad política como precondición para fomentar el desarrollo de una cultura participativa en una sociedad local, aunque los actores institucionales deben asumir los riesgos de empoderar a la gente, dejando a los actores sociales un espacio real para definir políticas y controlar la ejecución de proyectos y obras. También demuestra que, para que los proyectos co-decididos se conviertan en realidad en el espacio urbano/ rural (retroalimentando así la legitimidad del presupuesto participativo), debe existir un alto nivel de articulación interinstitucional y una fuerte inversión para sensibilizar y formar al personal municipal.
Le invitamos a consultar el estudio de caso completo: Estudio de caso completo
Para más información: Observatoire Villes Inclusives