El 10 de septiembre, el Secretariado de Hábitat III publicó el borrador final de la llamada “Nueva Agenda Urbana”, que fue acordado en las reuniones intergubernamentales informales que tuvieron lugar en Nueva York los días 7-9 de septiembre. Tras un largo proceso de negociaciones, el derecho a la ciudad será mencionado por primera vez en Naciones Unidas. Sin embargo, queda por definir cómo será implementado.
Una mención inédita del Derecho a la Ciudad en un texto de la ONU
La determinación de Estados latino-americanos (Brasil, Ecuador, Chile y México) apoyados por el esfuerzo colectivo hecho a través del trabajo de incidencia política de la Global Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales y de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, ha contribuido de forma determinante a la introducción del concepto de “Derecho a la Ciudad” en la Agenda que resultará de Hábitat III –específicamente, se encuentra en el párrafo 11 de la sección “Nuestra visión compartida”:
“Compartimos una visión de ciudades para todas y todos, entendiendo por ello el uso y disfrute equitativo de ciudades y asentamientos humanos, con el objetivo de promover la inclusión y asegurar que todos los habitantes y todas la habitantes de generaciones presentes y futuras, sin discriminación de ningún tipo, estén en condiciones de habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles. Destacamos los esfuerzos de algunos gobiernos locales y naciones para consagrar esta visión, referida como derecho a la ciudad, en sus legislaciones, declaraciones políticas y cartas.”
Cabe destacar que esta definición está basada en la propuesta hecha por la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, que cuenta, sin embargo, con una importante ausencia: la referencia a la ciudades como bienes comunes ha desaparecido del texto final.
Sin embargo, más allá de este fragmento, los principios, contenidos y orientaciones básicos del derecho a la ciudad dieron forma a muchas otras secciones, dejando una huella significativa en la “Nueva Agenda Urbana”: la protección y el cumplimiento de los derechos humanos indivisibles a nivel local, sin discriminación de ningún tipo (art. 12, 20, 28), la función social y ecológica del suelo (art. 13.a), la necesidad de combatir la segregación socio-espacial y de conseguir ciudades inclusivas (art. 25, 27, 95-97), la consagración del derecho a una vivienda adecuada y el reconocimiento de la producción social del hábitat (art. 31-33, 105-112), la consecución de economías locales sostenibles e inclusivas basadas en cambios en los modelos de producción y de consumo y en el trabajo decente (art. 10, 13.d, 43-62). Ahora, toca asegurar mecanismos de implementación y de seguimiento de esta agenda desde lo local.
Un concepto que llama a un seguimiento y monitoreo colectivos, partiendo del nivel local
Este resultado es otra de las muchas etapas a superar hacia el pleno reconocimiento del derecho a la ciudad a nivel internacional. Viene a culminar un largo proceso marcado por la implicación de los gobiernos locales y la sociedad civil en el trabajo de incidencia política para la inclusión del derecho a la ciudad a lo largo del proceso de Hábitat III.
Uno de los retos principales que el derecho a la ciudad, y la “Nueva Agenda Urbana” en general, tiene por delante es la concreción de los medios y recursos con que contará para su implementación. Esta cuestión será materia de debate en el Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en Bogotá, del 12 al 15 de octubre, y en la Conferencia de Quito, del 17 al 20 de octubre, y probablemente tendrá continuidad una vez adoptada la Agenda. Será, también, un elemento estratégico en el seno de la Plataforma.
En cualquier caso, los gobiernos locales y regionales, junto con movimientos sociales y la academia, seguirán implementando prácticas y políticas públicas locales para realizar el derecho a la ciudad y así seguir construyendo territorios justos, democráticos y sostenibles.
Ahora corresponde al movimiento global por el derecho a la ciudad, fortalecido por las alianzas consolidadas en el proceso de Hábitat III, defender el reconocimiento de nuestra larga experiencia en la implementación del Derecho a la Ciudad para ser parte, en tanto que organización de gobiernos locales y junto con nuestros colaboradores de la sociedad civil, de los procesos de implementación y monitoreo.