Esta política traduce e implementa localmente los derechos de las mujeres tal y como se definen en la Convención de la NU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Empezó en 1998 con la aprobación de la llamada ‘ordenanza CEDAW ’, y todavía permanece vigente. La política siempre se ha financiado a través del presupuesto municipal y la ha dirigido, administrado y desarrollado la Comisión de la Ciudad y el Departamento sobre el Estatus de las Mujeres. Dentro del departamento, dos órganos ad hoc trabajaron en la implementación de la política en el pasado: el Grupo de Trabajo de la CEDAW (1998-2002) y el Comité de la CEDAW (2003-2007).
Objetivos e implementación
La política pretende apoyar los derechos de las mujeres, centrándose en particular en el empleo, la violencia contra las mujeres y las niñas y la asistencia sanitaria. La implementación ha seguido dos vías entrelazadas: iniciativas de ámbito municipal para integrar los derechos de las mujeres en las operaciones de la ciudad y un análisis de género de los departamentos municipal: plantilla, presupuesto y servicios. Los beneficiarios de la política son las mujeres, las minorías, el gobierno local y el sector privado. Las organizaciones comunitarias y las compañías privadas se han implicado en la política. Las ONG han participado en la formulación y en la implementación de la política, especialmente dentro del Grupo de Trabajo y cuando se priorizaba el análisis de género. El sector privado coopera con, y apoya financieramente, la Iniciativa de Principios de Igualdad de Género, que pretende implementar la igualdad de género en el sector privado.
Impacto de la política
Esta política ha tenido un impacto práctico, especialmente en los departamentos de la ciudad. En un grado diferente según el caso, el análisis de género ha conllevado una sensibilización respecto a los temas de género en los departamento, ha conducido a dotaciones presupuestarias que benefician a más mujeres que en el pasado, y ha hecho que las intervenciones, las acciones y los servicios de los departamentos sean más favorables para las mujeres y los cuidadores en general. Hay pruebas que demuestran que no sólo las mujeres y las niñas de diferentes procedencias étnicas y raciales se han beneficiado de la política sino también la gente que realiza tareas de cuidados, miembros de minorías y grupos religiosos específicos.
A lo largo de los años, el análisis de género de los departamentos de la ciudad se ha integrado en iniciativas de ámbito municipal sobre temas de equilibrio de la vida laboral, la situación de las niñas, y la contratación de mujeres en empleos que no cuentan con tradición femenina. Desde 2008, con la Iniciativa de los Principios de Igualdad de Género, el foco de la política ha girado hacia el sector privado. Los resultados de esta iniciativa todavía están por ver.
Limitaciones
Sin menospreciar el éxito, esta política también ha padecido algunas limitaciones esenciales: los recortes presupuestarios debido a las crisis económicas y la falta de personal formado y dedicado comprometen la capacidad del gobierno local para conseguir una implementación más global en los sectores públicos y privados. El análisis de género ha tenido más éxito en los componentes relacionados con el empleo, cuyos departamentos están acostumbrados a trabajar en estos temas. Existen dudas de que la implementación de los principios de igualdad de género en el sector privado y en partenariado con las grandes compañías consiga llegar a las mujeres y a las minorías que ejercen trabajos mal pagados. Estas y otras cuestiones se deberán tener en cuenta por parte de otros gobiernos locales que quieran implementar esta política, ya sea dentro de un marco legal o no legal.
Recomendaciones
En concreto, para que esta política se transponga eficazmente, el gobierno local debe proporcionar formación, personal y financiación adecuados, además de contar con un apoyo político claro del alcalde. Se deberían tener en cuenta los pros y los contras contextuales de situar cualquier órgano responsable de la implementación dentro o fuera del gobierno local. Deberían formar parte de la toma de decisiones y de la implementación de esta política autoridades individuales y representantes de organizaciones capaces de movilizar recursos críticos y atraer apoyos mediante su involucración.
Puedes consultar el estudio completo aquí.