Los días 16 y 17 de noviembre tuvo lugar la Conferencia Global sobre Ciudades y Migraciones en Malinas (Bélgica), organizada por CGLU, ONU-Hábitat, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la ciudad de Malinas. La conferencia reunió a más de 150 representantes de gobiernos locales y regionales de todo el mundo así como representantes de agencias de Naciones Unidas y de la sociedad civil.
En total, más de 50 ciudades estuvieron representadas en el encuentro, donde reclamaron una gobernanza internacional de las migraciones basada en los derechos humanos y en el reconocimiento del protagonismo de las ciudades y los territorios.
En el marco de la conferencia, la Comisión organizó un evento paralelo, “Movilidad Humana y Derecho a la Ciudad”, y moderó la sesión “Derechos Humanos de las personas migrantes”.
La Conferencia culminó con la adopción de la Declaración de Malinas sobre Ciudades y Migraciones, como contribución al Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
En septiembre de 2016 los Estados de Naciones Unidas adoptaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes, en la que piden la celebración de una conferencia internacional sobre migración en 2018 para acordar un Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Un mes más tarde, se aprobó la Nueva Agenda Urbana en la conferencia Hábitat III (Quito, octubre 2016), en la que se integra a la migración como elemento estructural de las ciudades y se invitan a los Estados a garantizar los derechos humanos universales de todos los habitantes de las ciudades y de los asentamientos humanos, independientemente de su situación administrativa.
En este contexto, la Conferencia Global sobre Ciudades y Migraciones celebrada en Malinas (Bélgica) tuvo como objetivo consolidar la contribución de los gobiernos locales en la elaboración del Pacto Global. En ella se fortaleció la narrativa de las migraciones como oportunidad, y la declaración adoptada llama a tomar en cuenta la voz de los gobiernos locales en el pacto global sobre migraciones y a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y asegurar su acceso a los servicios básicos, como aspecto esencial de una gestión sostenible de los flujos migratorios.
Lea la Declaración de Mechelen
Los participantes de la conferencia llamaron a reforzar las alianzas entre gobiernos locales, sociedad civil y academia para contribuir a la elaboración de una gobernanza global de las migraciones que respete, garantice y promueva los derechos universales. Según Mohamed Bousraoui, responsable de las migraciones en CGLU,
“la posición de los gobiernos locales en la negociación del Pacto Global se fundamentará en tres principios: la participación de todos los actores que participan en las migraciones y su gobernanza, en particular de los gobiernos locales; la primacía de los derechos humanos universales de los migrantes en las políticas migratorias, y la fundamentación del Pacto en los principios de solidaridad y colaboración”.
Como en la Nueva Agenda Urbana, la Declaración de Malinas llama a hacer efectivos la protección y el cumplimiento de los derechos humanos universales para todos los habitantes de la ciudad, sin distinción por motivo de origen o de situación administrativa.
La Comisión organizó la sesión sobre Derechos de los Migrantes en la cual el conjunto de los participantes se acordaron en defender un modelo de ciudadanía más allá de la nacionalidad otorgada por los estados, sino en la capacidad de contribuir a espacios de vida inter-culturales, solidarios y democráticos como co-creación colectiva. Desde CGLU se defendió el derecho a la ciudad como el mejor enfoque para que se realice la ciudadanía urbana en esta nueva dimensión.
Entre los ponentes se encontraban el Alcalde de Upala (Costa Rica), Juan Acevedo; el Alcalde de Pikine (Senegal), Abdoulaye Thimbo; el Alcalde de Gaborone (Botswana), Kagiso Thulwe; el Teniente de Alcalde de Atenas, Eleftherios Papagiannakis; la Vicepresidenta del Consejo Municipal de Nador (Marruecos), Amina Eloualid; el Presidente de CONGOPE, Gustavo Baroja; la asesora del Ayuntamiento de Madrid, Berta Cao; y la experta Glenda de León.
En conjunto, los participantes presentaron herramientas concretas para garantizar el acceso a los derechos de los migrantes como por ejemplo las tarjetas de vecindad aplicada en ciudades como Madrid, Barcelona: una credencial de residencia otorgada por el gobierno municipal que permite acceder a servicios públicos y permisos de empleo.
Estas experiencias ilustran cómo los gobiernos locales, al ser los más cercanos a los ciudadanos, son muy a menudo los que traducen los derechos en acciones concretas, de la mano de la sociedad civil. Los participantes destacaron que la descentralización efectiva de competencias y recursos es esencial para una política de garantía de derechos.
Sin embargo, también se señalaron las limitaciones que las actuales estructuras de gobernanza de las migraciones presentan en este sentido: por un lado, los gobiernos locales a veces deben hacer frente a legislaciones nacionales que condicionan el ejercicio de ciertos derechos a la situación administrativa de sus titulares.
Por otro lado, a menudo las administraciones territoriales cuentan con restricciones que les impiden implementar políticas de garantía de derechos . Por ello, resulta esencial reforzar las alianzas con la sociedad civil y el resto de actores de las migraciones a nivel local, estableciendo marcos de cooperación que faciliten la inclusión real de los migrantes.
Durante la conferencia, y en colaboración de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y la Organización por una Ciudadanía Universal liderada por EMMAUS Internacional, la Comisión organizó un evento paralelo sobre “Movilidad Humana y Derecho a la Ciudad”. La sesión contó con la participación del Alcalde Abdoulaye Thimbo; Amélie Cannone, de EMMAUS Internacional (OPCU); la Vice-Presidenta Amina El Oualid; Berta Cao; Joseph Schecla, de la Coalición Internacional por el Hábitat (HIC-HLRN), y Lola López, Comisionada de Migraciones de Barcelona.
Los participantes destacaron la importancia de pensar las migraciones a la luz del contexto macro-económico global en el que la ciudad pasa a ser la única posibilidad para muchos campesinos afectados por el cambio climático, el acaparamiento de tierras arables o los tratados de libre-cambio.
En este marco, se recordó que el derecho a la ciudad no es la obligación de la ciudad sino que parte de una relación equilibrada y sostenible con el entorno rural. Por otra parte, los participantes recordaron que los gobiernos locales tienen un papel determinante para hilar la relación entre los territorios de origen y los de acogida, desde los cuales poder contribuir al desarrollo territorial de las comunidades a través de la cooperación descentralizada.
También se reafirmó la necesidad de enfocar las migraciones globales en el marco del derecho a la ciudad, como herramienta necesaria para la construcción de una ciudadanía local efectiva de las personas migrantes haciendo hincapié en los colectivos más marginados como las mujeres y los jóvenes menores a los cuales es necesario aportar una protección especial.
El conjunto de los participantes, tanto gobiernos locales como sociedad civil, marcaron su voluntad de trabajar para acoger a los migrantes, a pesar de las múltiples dificultades generadas por la escasez de recursos, el desarrollo de discursos xenófobos. Lo hicieron conscientes de que, hoy en día, una gestión sostenible de los territorios no puede sino basarse en acciones enfocadas a reconocer las diversidades y restablecer la igualdad, luchando contra las discriminaciones y los discursos de odio.