La Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) es un programa indio para la garantía del empleo, promulgado por una ley del 25 de agosto de 2005. Este programa proporciona une garantía legal de 100 días de empleo en cada año fiscal a los miembros adultos de cualquier hogar rural que desee hacer trabajo no cualificado de obras públicas por el salario mínimo obligatorio de 100 rupias diarias.
La Ley se centra en las áreas rurales, donde la pobreza es mayor que en las áreas urbanas, y es particularmente valiosa durante los periodos de carestía en los que la población rural no puede conseguir empleos. La NREGA, al proporcionar una garantía legal de empleo, marca un cambio paradigmático respecto a los anteriores programas de empleo puesto que es una ley y no sólo un programa. La NREGA es una respuesta innovadora al problema persistente de la garantía de redes sociales de seguridad en las áreas rurales, siendo un enfoque basado en los derechos ciudadanos (IFPRI 2010).
Objetivos y resultados de la ley
La Ley persigue dos tipos de objetivos. En primer lugar, su objetivo es crear empleo remunerado y reducir la pobreza, mejorando el poder adquisitivo de la población rural, de las personas semi-cualificadas o cualificadas que viven en la India rural. Esencialmente, está dirigido a personas que viven por debajo del umbral de pobreza. En segundo lugar, pretende crear bienes públicos en las áreas rurales, tales como carreteras, depósitos de agua y otros recursos de propiedad comunitaria que ayudarán a los residentes a vencer otras dificultades asociadas a la pobreza.
La Ley fue aplicada en tres fases a partir de 2006. En la Fase 1 (que empezó el 2 de febrero de 2006), la National Rural Employment Guarantee Act fue lanzada en 200 distritos seleccionados. En la Fase 2 (2007-08), se extendió a 130 distritos más. En la fase 3 (a partir del 1 de abril de 2008), se extendió a los 285 distritos restantes.
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La política se dirige a los habitantes más pobres de las zonas rurales, la mayor parte de los cuales viven por debajo del umbral de la pobreza, y ha logrado grandes éxitos para las mujeres que antes no habían conseguido un empleo remunerado. La policía garantiza el derecho a trabajar, reduciendo al mismo tiempo el fenómeno de la migración del campo a la ciudad, permitiendo que las mujeres encuentren un empleo en su distrito y cerca de sus hogares, y permitiendo que los hombres se queden en su pueblo. Como resultado a la respuesta positiva a la aplicación inicial de la Ley, los días efectivos de trabajo anuales pasaron de 100 a 180 a principios de 2011. El sueldo del trabajo manual se establece con un sueldo mínimo estipulado de 100 rupias al día, aunque distintos Estados han decidido aumentar dicha tarifa.
@ Heather Cowper
La NREGA difiere de la mayor parte de programas de lucha contra la pobreza en algo fundamental: reconoce el empleo como un derecho legal. Los beneficios colaterales incluyen la inclusión de los pobres rurales en el sistema bancario, la regeneración de los bienes comunitarios y la igualdad de género. La promulgación de la NREGA significa también la madurez de la abogacía india y del activismo de la sociedad civil. El mérito de convertir una idea algo utópica en una política recae en los activistas de la sociedad civil, en los expertos comprometidos y en organizaciones de base que han trabajado durante años para lograr estos resultados. Un gran número de estos activistas están ahora llevando a cabo auditorías sociales efectivas y un sistema de compensación para la demora en los pagos (Im4change, 2011). De forma más global, la política ha sido identificada como un mecanismo replicable para resolver el problema de la pobreza rural en otros lugares, incluidos otros países asiáticos, los Estados Unidos y Sudáfrica.
Implicaciones, obstáculos y retos
La NREGA implica dos características que implican un desafío: (1) el programa es “rico en transacciones” en cuanto requiere una acción cotidiana en un país que abarca todo un subcontinente, y (2) el programa requiere prudencia, puesto que no resulta fácil estandarizar la toma de decisiones sobre temas como el tipo de infraestructuras que hay que crear en el marco del programa. La Ley se aplica mediante un sistema de poder descentralizado. Del mismo modo, su eficacia puede ser ajustada de manera sensible a nivel local para mejorar su aplicación y corregir algunos fallos del programa.
Los obstáculos son de distinta índole y, en general, son específicos a cada lugar. Los problemas más graves tienen que ver con la verificación y la transparencia de la financiación del gobierno central a los pueblos pequeños y, de forma secundaria, con el seguimiento del trabajo de todos los trabajadores. En este sentido, cabe señalar el desafío de la documentación de la correspondencia real entre el salario de subsidio concedido y la mejora local o los resultados en los territorios específicos.
El Observatorio Ciudades Inclusivas es un espacio de análisis y reflexión sobre políticas locales de inclusión social. Contiene más de sesenta estudios de caso sobre políticas innovadoras en materia de desarrollo comunitario, acceso a los servicios básicos, igualdad de género, protección del medio ambiente o erradicación de la pobreza