Esta política, desarrollada en la ciudad de Tayabas, Filipinas, tiene como objetivo reducir la pobreza generando ingresos, creando empleo y ofreciendo acceso al suministro de luz a los agricultores de cocos que viven en las laderas del Monte Banahaw en la Provincia de Quezón, un volcán situado en los límites de Laguna y Tayabas (provincia de Quezón).
Debido a las limitaciones físicas y económicas que experimentaban los productores de coco, tales como, la pobreza y el hecho de vivir en lugares remotos, éstos llevaban a cabo actividades perjudiciales para el medio ambiente para poder sobrevivir y desechaban grandes cantidades de cáscaras de coco, pues dejaban que se pudriesen o las usaban como combustible. Estas comunidades también se veían privadas de artículos básicos de consumo como la electricidad y, por consiguiente, la iluminación. Sin embargo, los territorios montañosos en los que viven estos agricultores de cocos son ricos en recursos hídricos, tales como los ríos y los arroyos.
La política descrita aquí tenía como objetivo desarrollar un sistema de pago alternativo e innovador, usando las corrientes del río para generar energía limpia a través de una micro presa instalada en el Monte Banahaw la cual, a su vez, proporciona energía a unas instalaciones que recargan las baterías. Se han repartido bombillas y baterías para proporcionar iluminación a las viviendas diseminadas por toda la montaña, y de ese modo, se ha mejorado la calidad de vida de los agricultores de cocos. Los beneficiarios de los sistemas de iluminación y de las baterías han recibido formación sobre como procesar la fibra de coco. También se han distribuido e instalado las máquinas tejedoras y los telares para la fibra, y los beneficiarios ya están produciendo redes de fibra de coco.
A partir de mayo del 2007, se había suministrado luz a 25 viviendas y con la fibra de coco se había proporcionado medios de subsistencia a un total de 40 viviendas. Estos medios de subsistencia les han proporcionado tres veces más beneficios que sus rentas anteriores y muchas personas han dejado las actividades de subsistencia que eran perjudiciales para el medio ambiente. En 2007, el proyecto había previsto ambiciosamente expandirse hasta por lo menos a 100.000 familias beneficiarias más a lo largo de los siguientes 10-15 años (Baroña-Cruz 2007). Las Autoridades Cocoteras Filipinas de la región están ahora adoptando la estrategia de este proyecto en sus propios programas de desarrollo de la fibra.
Esta política ha demostrado ser un mecanismo muy eficiente de participación de la comunidad, de producción económica y de sostenibilidad medioambiental. Sin embargo, ésta únicamente se puede replicar si sus principios se adaptan a cada contexto. Los conceptos sobre los que se ha construido e implementado la política fueron concebidos con sensatez y se meditó a fondo sobre los distintos aspectos complementarios de la cadena de producción de coco, sus interconexiones y sobre los mercados disponibles. Gracias a la tecnología, al trabajo de voluntariado, y a las sinergias entre los distintos sectores, se formó una cadena sostenible de fibra de coco sin desaprovechar ni dañar el medio ambiente, y con un ciclo económico de producción espacialmente próximo. La cadena de comercialización del coco ha condicionado las posibilidades de los agricultores a la hora de adoptar estos procesos y de crear “capacidades productivas” dentro de las comunidades de agricultores de cocos en las Filipinas, los cuales, se han identificado y habilitado gracias a la investigación llevada a cabo por la Universidad y el gobierno local. Si se crean las condiciones para reproducir este ciclo y este mecanismo, la política también se podrá replicar de forma satisfactoria en otros contextos.
Estudio de caso completo aquí.