La Comunidad de Práctica de Vivienda de CGLU se reunió el pasado 22 de mayo para compartir los últimos avances frente a la COVID-19 de parte de algunas ciudades signatarias de la Declaración “Ciudades por una Vivienda Adecuada”. La reunión brindó una oportunidad para explorar retos y políticas puestas en marcha en este contexto, así como una plataforma para reflexionar sobre el papel de la vivienda en la era posterior a la pandemia - incluyendo formas de afirmar su función social e impulsar estrategias basadas en los derechos. La reunión se celebró en vinculación con la serie #BeyondTheOutbreak de CGLU (que ya celebró una reunión temática dedicada a este tema el pasado 1 de abril), y fue co-organizada por la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU y la Ciudad de Barcelona. La grabación de la reunión está disponible aquí y un informe más detallado se puede encontrar aquí.
El encuentro reunió a representantes sobre vivienda de Barcelona (Concejala de Vivienda Lucía Martín), Ciudad del Cabo (Concejal Xolani Sotashe), París (Teniente de Alcalde sobre Vivienda Ian Brossat), Rivas Vaciamadrid (Concejal de Vivienda José Luis Alfaro), Londres (Teniente de Alcalde de Vivienda y Desarrollo Residencial Tom Copley), Montreal (Concejal de Vivienda, Estrategia Inmobiliaria y Parques Públicos Robert Beaudry) y Valencia (Concejala de Vivienda Isabel Lozano); el presidente interino de Plaine Commune y co-presidente de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos (CGLU-CSIPDHR) Patrick Braouezec; la directora global de la iniciativa Make The Shift y ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda Leilani Farha; así como la Secretaria General de CGLU Emilia Sáiz.
Un punto de encuentro para el intercambio de retos y políticas emergentes sobre vivienda
Hubo consenso entre los participantes a la hora de identificar múltiples cuestiones relacionadas con la vivienda como factores clave a tener en cuenta en el abordaje de la crisis causada por la COVID-19. Muchos de estos factores se han visto exacerbados durante estos últimos meses, teniendo sus causas fundamentales antes de la misma pandemia. En palabras de Leilani Farha “la crisis ha puesto en primer plano desafíos que ya eran un problema antes de la pandemia, como la falta de vivienda adecuada, la incapacidad de pagar los alquileres, los desalojos o la financiarización de la vivienda”.
Tal y como muestra el informe de la sesión, las prioridades locales se han centrado muchas veces en la protección de los residentes con mayor riesgo de vulnerabilidad asociada a la vivienda. Se establecieron por lo tanto soluciones de emergencia para alojar a personas sin hogar o ayudar residentes a pagar sus alquileres en caso de que estos hayan sufrido una disminución de sus ingresos. Los gobiernos locales han demostrado su capacidad para adaptarse rápidamente a esta nueva situación y poner en marcha respuestas de emergencia, aunque tuvieron que superar graves limitaciones, como la falta de viviendas social disponible, de capacidad legislativa o de financiación. Aunque estas políticas se han puesto en marcha en circunstancias extraordinarias, las ciudades participantes aspiran ahora a consolidarlas en el próximo período, ya que la crisis ha mostrado claramente la interdependencia entre el derecho a la vivienda y el resto de derechos humanos.
Abordando el impacto de la COVID-19 sobre los sistemas de vivienda locales y reforzando el trabajo en red
La COVID-19 también está desencadenando otro tipo de transformaciones que abren una ventana de oportunidad para reclamar la función social de la vivienda. En efecto, el informe de la sesión muestra como por ejemplo la disminución repentina de las reservas de viviendas de alquiler a corto plazo en plataformas turísticas, o la transformación de espacios de oficinas en viviendas. Los gobiernos locales esperan encontrar formas de aprovechar esta situación y al mismo tiempo mantener unas condiciones adecuadas para aumentar la oferta de vivienda asequibles en sus ciudades. La cooperación y el intercambio de conocimientos entre los gobiernos locales se considera fundamental en este sentido para ayudar a las ciudades a identificar casos de éxito.
Recuperar la función social de la vivienda representa sólo una pequeña parte del panorama general. En efecto, las ciudades participantes también defendieron mayor coordinación internacional que busque concienciar sobre el papel fundamental de la vivienda en la era posterior a la pandemia. En este sentido, durante el encuentro se realizaron propuestas en relación con la necesidad de impulsar la construcción de vivienda sociales o replantear la relación con el mercado inmobiliario privado. El trabajo en red de gobiernos locales sobre vivienda en torno a CGLU, la CGLU-CISDPDH y la iniciativa Make the Shift está llamada a desempeñar un papel importante para ayudar a situar el derecho a la vivienda en el centro de la conversación sobre la recuperación después de la COVID-19 y el desarrollo sostenible.
Contacte [email protected] en el caso de que esté interesado en sumarse a la Declaración Ciudades por una Vivienda Adecuada
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