La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos relanza la promoción del Observatorio Ciudades Inclusivas con una valorización de sus cerca de 70 casos de estudio. Esta iniciativa, que se desarrollará a lo largo de 2017, buscará valorizar en el seno de la red el aprendizaje realizado gracias a los gobiernos y grupos locales que han compartido sus experiencias en el marco del Observatorio, ensanchando así la difusión de estos casos dentro del marco de promoción del Derecho a la Ciudad.
Un horizonte común: Implementar el derecho a la ciudad
El reconocimiento del derecho a la ciudad dio importantes pasos a lo largo del año pasado, gracias a la movilización conjunta de la sociedad civil y de los gobiernos locales. De hecho, los gobiernos locales de CGLU reunidos en Bogotá colocaron por primera vez el derecho a la ciudad en el centro de su estrategia para los próximos años (ver Declaración de Bogotá). A nivel internacional, la Agenda de Hábitat III supuso la primera mención del derecho a la ciudad en un texto de la ONU.
Hoy en día, corresponde a los principales promotores del Derecho a la Ciudad, entre los cuales la comisión, poner en práctica el derecho a la ciudad a nivel local, como visión común para unos asentamientos humanos, ciudades y áreas metropolitanas más justos, solidarios, democráticos y sostenibles frente a un preocupante proceso de mercantilización y financiarización de las ciudades que se produce a expensas de los habitantes. Por esa razón, la Comisión relanza hoy el Observatorio de Ciudades Inclusivas, y se prepara para establecer una cartografía de prácticas locales de co-creación de la ciudad durante los próximos meses.
El seguimiento de las políticas públicas de inclusión social es una tarea extensa y compleja, ya que implica trabajar en una amplia variedad de temas relacionados entre sí, a la vez que tomar en consideración diversos enfoques. Convencida de que la exclusión social debe ser abordada de manera estructural y no a través de acciones paliativas, la Comisión considera que la inclusión debe estar en el centro de la agenda política de los gobiernos locales (ver Por un Mundo de Ciudades Inclusivas). De hecho, la inclusión social radica en la forma en que se construyen las ciudades y los territorios y por lo tanto se refiere a temas que abarcan desde la vivienda, la planificación urbana hasta la gestión de servicios públicos entre otros.
Los gobiernos locales, directamente a través de sus políticas públicas o en asociación con las organizaciones sociales de sus territorios, son esenciales para hacer frente a los fenómenos de exclusión, aunque su acción por sí sola no sea insuficiente para desafiar el paradigma de competitividad que tanto ha determinado en los últimos años el modo en que se ha construido la ciudad, y que ha reforzado las desigualdades en el ámbito urbano.
De este modo, dado que son el nivel de administración más cercano a la gente, los gobiernos locales son garantes de la protección, garantía y promoción de sus derechos, en particular en los ámbitos de la educación, la vivienda, la salud, el medio ambiente y la seguridad. Además, los gobiernos locales son actores clave para prevenir la discriminación contra las minorías, los grupos marginados y migrantes.
Por otra parte, los gobiernos locales están en el corazón de la implementación de las principales directrices internacionales tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París (COP21) o la Nueva Agenda Urbana Mundial. El observatorio pretende así ilustrar la capacidad de implementar las grandes orientaciones mundiales sobre la cuestión por parte de los gobiernos locales.
El Observatorio, un banco de acciones locales que implementan el Derecho a la Ciudad
En 2011, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos estableció el Observatorio Ciudades Inclusivas, un espacio de análisis y reflexión sobre políticas locales de inclusión social. Hoy en día, el Observatorio contiene sesenta y ocho estudios de caso de políticas e iniciativas en materia de acceso a los servicios públicos, de igualdad de género, de protección del medio ambiente o de lucha contra las desigualdades. El objetivo del Observatorio es identificar y analizar las experiencias que aportan elementos para inspirar a otras ciudades en la implementación del derecho a la ciudad a través de sus políticas de inclusión social.
La iniciativa ha sido realizada con el apoyo científico del Profesor Yves Cabannes, del University College de Londres, y el equipo de investigación del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra, que trabajó bajo la dirección del profesor Boaventura de Sousa Santos.
Una intensa actividad de promoción durante el 2017
Con el relanzamiento del Observatorio, la Comisión tiene la intención de mejorar su contenido, extender a otros gobiernos locales los aprendizajes realizados y proporcionar ejemplos que sirvan para promover el derecho a la ciudad. La memoria de estas experiencias puede nutrir a otras instituciones y organizaciones.
Además, a lo largo de este año, la Comisión añadirá nuevos estudios de casos relativos a la integración de los migrantes en las ciudades europeas y del sur del Mediterráneo.
Finalmente, este trabajo irá acompañado de un mapeo de las prácticas realizando el derecho a la ciudad recopiladas gracias al trabajo con Bernardo Gutiérrez en el marco del taller Co-Crear la Ciudad en el marco del congreso de Bogotá, y que pronto estará disponible en línea.
Del mismo modo, en el caso de que usted disponga de un caso a presentar, puede comunicárselo a la Comisión mediante el siguiente correo electrónico [email protected]